Violencia contra periodistas, botín de gobiernos y legislaturas
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo de 2017.- El mensaje de Enrique Peña Nieto, tras el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y de Javier Valdez, fundador de Ríodoce, en Sinaloa, desató un alud de anuncios en los gobiernos estatales para “proteger” a periodistas, para hacer leyes que sí garanticen la libertad de expresión, así como foros y reuniones con el gremio, en un afán por acallar las protestas y los llamados que surgen de todo el mundo.
De acuerdo con Milenio, los anuncios, al igual que la respuesta de Peña Nieto, del 17 de mayo, ante la crisis desatada por el asesinato de los dos periodistas en menos de un mes, insisten en recrear o “mejorar” los mismos mecanismos que ya demostraron su ineficacia, inoperancia u omisión ante la violencia contra las y los periodistas.
El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), creada hace cinco años, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) de 2010, no han resuelto la crisis de derechos humanos en el gremio.
Durante el sexenio de Peña Nieto, 46 informadores han sido asesinados. Del año 2000 a la fecha suman 127: en Veracruz 20, 15 en Oaxaca, 14 Tamaulipas, igual cifra en Guerrero y Chihuahua, y siete en Sinaloa. Hay 645 quejas por agresiones ante la CNDH, de enero de 2010 al 30 de abril de 2017. Y de 2005 a la fecha, CIMAC registró 19 comunicadoras asesinadas; una agredida cada cuatro días, de 2014 a 2015.
