Urgen compromisos regionales para atender a migrantes y refugiados

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril de 2021.-La movilidad humana es uno de los temas de agenda más desafiantes en el mundo, en las Américas y particularmente en México al ser un lugar de origen, tránsito, destino y retorno de miles de personas cada año. 

Indica un comunicado que en 2020 un total de 41 mil 329 personas solicitaron asilo a nuestro país; se llevaron a cabo 87 mil 260 eventos de detención migratoria, así como 184 mil 423 eventos de repatriación de personas mexicanas desde Estados Unidos. 

Cabe mencionar que en el último Censo de población se identificó que un millón 212 mil 252 personas nacidas en otro país residen en México. Baja California, Ciudad de México y Chihuahua son las tres entidades federativas que concentran la mayor cantidad de personas extranjeras residentes. 

La gravedad de las violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante es contundente. No obstante, no se han logrado consolidar los ejes normativos, programáticos y estratégicos que permitan atender esta emergencia humanitaria desde una visión integral, con un enfoque diferencial y de derechos humanos. 

La posición geográfica de México intensifica la presión de la agenda migratoria. Por un lado, las personas mexicanas que salen del país; por otro, todas aquellas personas de distintas nacionalidades que intentan llegara los Estados Unidos a través de nuestras fronteras. 

Al respecto, el despliegue de más de 8 mil elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur del país ha expuesto a las personas migrantes a un aumento de las violaciones a derechos humanos por parte de esta autoridad, así como a transitar por nuevas rutas que son más peligrosas por la presencia de la delincuencia organizada y la ausencia de ayuda humanitaria que pueda asistirles en el camino. 

En México se tiene registro de al menos 2 mil personas migrantes desaparecidas, las cuales han sido reportadas por sus familiares. Los lamentables hechos sucedidos en las poblaciones de San Fernando, Cadereyta o Camargo constituyen un patrón de violencia estructural en contra de este grupo de población. 

El impacto de la violencia en esta población es diferencial en función, principalmente, del género y la edad, así como de la intersección entre ambas categorías. Mujeres, adolescentes y niñas son las principales víctimas de violencia sexual y sometidas a explotación sexual y trata de personas. 

El reciente asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza a manos de la policía estatal del estado de Quintana Roo, es sólo un botón de muestra de ese patrón de violencia del que son víctimas las personas migrantes en general y las mujeres en particular. 

Sumado a lo anterior, las expresiones colectivas de xenofobia persisten y promueven contextos sociales que reproducen y parecen justificar la violencia en contra de las personas migrantes, lo que representa un obstáculo adicional para el ejercicio de sus derechos. 

Ante esta grave situación, México está obligado a contar con un sistema sólido de protección de las personas migrantes. Sin embargo, en la actualidad, este sistema requiere ser robustecido. 

En materia de refugio, algunos de los retos son el fortalecimiento del reconocimiento de la condición de persona refugiada y el mejoramiento del proceso administrativo para conseguirlo, así como el diseño e implementación de una agenda pública para la inclusión social de personas refugiadas en el país y la garantía de la progresividad y no regresión del presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que para 2021 disminuyó un 14.34% respecto al presupuesto autorizado en 2020. 

Otros pendientes en la materia son la implementación de albergues especializados en todas las entidades federativas para recibir a las personasen situación de movilidad, el desarrollo urgente de programas de asistencia humanitaria que promuevan la inclusión social y atención integral de las personas, así como el apoyo a los ya existentes para que éstos no desaparezcan. 

 Aunado a la necesidad de implementar albergues especializados para recibir a las personas en situación de movilidad, se deben tomar las medidas necesarias en todas las entidades para garantizar la existencia de Centros de Asistencia Social para recibir a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, ya sean acompañados o no acompañados, lo anterior derivado de la obligación que tienen las Procuradurías de Protección y los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatales de proporcionar estos espacios en función de velar por su interés superior. 

Lo anterior se vuelve aún más apremiante en el contexto generado por la emergencia sanitaria por COVID-19. En relación a ello, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), durante la década pasada se logró avanzar en la integración de los migrantes en los países de acogida. 

Sin embargo, los avances podrían disiparse por la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas. En este contexto, es importante señalarlos riesgos específicos y las propuestas de rutas de acción sobre las mismas. 

Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)han explicado que la actividad económica a nivel mundial se encuentra en una fase de contracción debido al COVID- 19, impactando fuertemente el sector industrial y de servicios, y con ello a las personas trabajadores migrantes. 

Por lo anterior, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos(FMOPDH) hace un llamado a priorizar la estrategia de atención y protección a las personas en movilidad humana que, en la actualidad, requieren asistencia humanitaria coordinada y eficaz. 

Una primera ruta de acción deriva del cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Convenios y Tratados Internacionales en materia migratoria y de protección internacional firmados por México, en especial, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo. 

Parala FMOPDH resulta de la mayor importancia alinearla política migratoria y de protección a los principios enunciados en la Declaración de Cartagena y a los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional a través de la adhesión a los Pactos Mundiales sobre Migrantes y Refugiados. 

Para ello, el trabajo desde el ámbito local es fundamental. Muchas buenas prácticas demuestran la efectividad de las medidas implementadas a ese nivel con la colaboración de los diversos sectores. 

Sin embargo, es necesaria la alianza regional de los actores locales que parta de la solidaridad, del reconocimiento de un problema endémico y común para el cual se requiere la coordinación entre los países de la región con miras a una atención humanitaria urgente. En ese sentido, iniciativas como la Comisión Intersecretarial de Atención a los Migrantes encabezada por la Cancillería o bien el Consejo Consultivo de Política Migratoria encabezado por la Secretaría de Gobierno, pueden ser plataformas iniciales para la coordinación de los distintos niveles y poderes de gobierno. 

La atención a la demanda cada vez mayor de servicios durante la emergencia sanitaria por COVID-19,ha estado a cargo de los albergues de la sociedad civil organizada y no organizada. Su labor humanitaria, aún con recursos e infraestructura limitada, ha hecho frente a vacíos que hay en los programas de gobierno. Lo anterior hace de ellos actores clave para ser tomados en cuenta en el diseño de estrategias para la atención del fenómeno de movilidad humana. 

La experiencia comprobada con la que cuentan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) debe ser recuperada, adaptada e institucionalizada, tal es el caso del Piloto de alternativas a la detención de niñas, niños y adolescente (2015) o el Programa de Alternativas para solicitantes de la condición de refugiados (2016), coordinados por el INM, COMAR, ACNUR y OSC. 

Atravesamos un momento de grandes desafíos. La perspectiva de derechos humanos forjada a partir de la época de posguerras partió del acuerdo internacional en torno a la necesaria solidaridad entre los pueblos y las naciones para cerrar filas en contra de las estructuras que orillan a las personas y comunidades a vivir en condiciones que comprometen su dignidad humana y la de sus familias. 

Por lo anterior y teniendo en puerta el primer informe del Pacto Mundial sobre Migración en 2022, para la FMOPDH resulta vital -en su significado literal- que las políticas públicas mantengan en el centro a la población, consideren el contexto de los países de origen y de aquellos países donde transitan. 

Asimismo, manifiesta su disposición y compromiso para colaborar local y regionalmente en la construcción de estrategias de atención humanitaria a la población en movilidad. Ahora, más que nunca, esta situación demanda apertura, flexibilidad, y deconstrucción de paradigmas nacionales para concretar compromisos regionales que hagan frente a uno de los principales desafíos mundiales del siglo XXI: la movilidad humana.