Son 7 de 10 hombres divorciados que no cumplen con pago de pensión
MORELIA, Mich., 11 de mayo de 2023. - De forma conjunta, activistas sociales y la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Nuria Gabriela Hernández Abarca, buscan que las diputadas locales convoquen a sesión para que se vote la minuta de la Ley 3 de 3 contra la violencia; el plazo vence en mayo para que apliqué a los futuros candidatos a puestos de elección popular del proceso electoral 2024.
Esta reforma a la ley dejará en claro si la actual legislatura es o no feminista, si es prioridad la lucha contra la violencia por razón de género, porque al votar esta reforma, quedarán sin oportunidad de registro personas con antecedentes de violencia, dio a conocer la directora del Immujeres.
“Se votó la Ley 3 de 3 contra la violencia en el senado, que se cruza con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, implica que no podrán ser candidatos los deudores alimentarios, registrados en el padrón nacional de violencia política, los que deban pensión, que tengan resolución por violencia, de cualquier tipo, contra una mujer, y allí se le va cerrando la pinza a los violentos”, explicó Hernández Abarca.
Y es que la cifra de infancias en abandono de parte del padre es elevada, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), siete de cada diez hombres divorciados no cumple con el pago de la pensión, eso representa que solo tres de cada cuatro niños reciben su pensión, ello resulta en que más del 67 por ciento de las mujeres tengan que asumir toda la responsabilidad de garantizar el bienestar económico, educativa, emocional, patrimonial y salud, por mencionar algunos.
Solo en nuestro estado, un colectivo de infancias en abandono ha registrado mil 400 niñas, niños y adolescente en abandono de 800 hogares distintos, siendo el promedio de un padre abandonador por dos infancias.
En los últimos años, se han ventilado nombres de los llamados Servidores de la Nación y funcionarios públicos vinculados a actos de acoso sexual, deudores alimentarios y golpeadores, pero con esta ley impide a las persona deudoras de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal.
