Sin avances, comprobación de gastos en infraestructura hospitalaria
MORELIA, Mich., 28 de agosto de 2017.- Sin avances en la comprobación del gasto de recursos de procedencia federal en rubros como infraestructura hospitalaria se encuentra el régimen estatal de protección social en salud en Michoacán, refirió Silvia Estrada Esquivel, titular de la secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem).
Estrada Esquivel mencionó que se han reportado avances significativos en la comprobación del destino y uso de parte de los recursos asignados al también conocido como Seguro Popular, en tanto que otros conceptos, como la edificación de hospitales, podrán seguir otra ruta legal y administrativa por la existencia de datos sin comprobar.
Destacó la labor de Diana Celia Carpio Ríos, directora del régimen estatal de protección social en salud en Michoacán, quien se ha preocupado por entregar comprobaciones de los recursos federales como entidad para efectuar el cierre de ciclos; no obstante, el impacto logrado se concentra en gastos menores, respecto de los pendientes correspondientes a los hospitales, por lo que “sigue debilidad de no cumplir” con este concepto.
Tras especificar que al momento no dispone de una cifra del déficit de comprobación de recursos que enfrenta el Seguro Popular en el estado para el período 2014 a 2016, Silvia Estrada explicó que se ha alcanzado un avance en la comprobación de la inversión destinada a medicamentos y servicios, así como una atención total de los gastos operativos, pero “lo que más nos marca es la infraestructura hospitalaria, como es el caso del hospital de Lázaro Cárdenas”.
Recordó que el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, mencionó que se detectarpn gastos sin comprobación en el régimen estatal de protección social en salud en Michoacán por 10 mil millones de pesos, de los que una parte no estimada ha sido subsanada; para el resto, pendiente aún, se podrían aplicar recursos penales, con la intervención de la Secoem, en articulación con el gobierno federal, a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la secretaría de la Función Pública (SFP).
