Recuperadas, 280 hectáreas por la Mesa de Seguridad Ambiental
07 de mayo de 2017
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18:56
Fátima Alfaro/Quadratín
MORELIA, Mich., 7 de mayo de 2017.- Al momento suman 280 las hectáreas de vocación forestal o preferentemente forestal que han sido recuperadas por la Mesa de Seguridad Ambiental como resultado de los operativos de desinstalación de sistemas productivos ilegalmente ubicados en bosques, señaló Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc).
El impacto generado a través de 19 operativos de retiro de principalmente huertas de aguacate, pero también de durazno, alcanza 2 mil 800 hectáreas de bosque que ya no estarán en riesgo por la proliferación de las huertas frutícolas colocadas en áreas boscosas sin contar con el permiso para el cambio de uso de suelo.
Uruapan, Morelia, Pátzcuaro, Tacámbaro, Tuxpan, Salvador Escalante, Villa Madero y Zitácuaro son los municipios que concentran las hectáreas donde se ha efectuado la desinstalación de sistemas productivos en bosques en la entidad.
Agregó que además los operativos han arrojado 19 personas sometidas a proceso judicial por la alteración de zonas boscosas, donde la Procuraduría General de la república (PGR=) será la instancia que determinará la responsabilidad de los individuos y en su caso la imposición de sanciones.
Asimismo, Luna García mencionó que se han captado de 35 a 45 denuncias ciudadanas sobre alteraciones a ecosistemas boscosos para la instalación de huertas frutícolas, primordialmente aguacate, durazno y frutillas, así como ollas captadoras de agua, las que se traducirán en operativos en las siguientes semanas.
Denuncias por desinstalación de huertas de aguacate
Por lo menos dos denuncias enfrenta el estado por la desinstalación de huertas de aguacate presumiblemente instaladas en zonas boscosas sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el cambio de uso de suelo, manifestó Ricardo Luna.
Estas denuncias se suman al amparo promovido por un productor aguacatero, el cual fuese negado en una primera instancia.
No obstante, confió en que las autoridades competentes “harán la tarea”, ya que “quienes cometen acciones ilegales son los que instalaron sistemas productivos sin permiso”.
Reiteró que el estado ha intervenido con estricto apego a la ley y en respuesta a los sectores sociales comprometidos con la integridad del medio ambiente que han denunciado los daños generados por la expansión indebida de la frontera agrícola.