Reconoce TJAM ausentismo de la justicia administrativa en LC
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LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 30 de mayo de 2018.- Luego de diez años de haberse creado el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo (TJAM), este órgano no ha tenido la penetración que se requiere en todo el estado para cumplir con los estándares de impartación de justicia que demanda la población y este municipio no es la excepción.
Así lo reconoció, el magistrado presidente de este órgano jurisdiccional autónomo, Arturo Bucio Ibarra, en rueda de prensa otorgada ante medios de comunicación de este puerto, donde hizo una remembranza de los logros obtenidos hasta ahora, así como de los retos que aún tienen como instancia encargada de la defensa de los derechos ciudadanos en materia administrativa.
Explicó que ha sido la falta de presupuesto para difusión, la lejanía geográfica con la capital michoacana, así como el desconocimiento de la propia ciudadanía acerca del ejercicio que realiza en pro de la población el Tribunal que preside, las causas por las que no se ha alcanzado una mayor penetración.
Asimismo, explicó buscan ampliar las tareas que tiene el TJAM en esta región, ya que han tenido muy pocas demandas y que en ese sentido están abiertos para que la ciudadanía se acerque a esta instancia para que conozcan en qué pueden ayudarlos, e incluso refirió que cuentan con defensoría jurídica gratuita para orientar, asesorar y representar a particulares sin costo alguno, en los casos en los que se ven afectados sus derechos por autoridades administrativas estatales y municipales.
Mencionó entre las quejas que pueden presentar ante el Tribunal son por problemas de inconformidad en cobro del agua, problemas de impuesto predial, lotes baldíos, permisos, licencias, ceses, bajas y suspensión o reparación de su cargo de elementos de seguridad pública, infracciones de tránsito, notificaciones y embargos derivados de créditos fiscales, inconformidad en la expedición de licencias de construcción, suspensión o clausura de negocios o construcciones, recursos administrativos por imposición de sanciones a servidores públicos.