Persiste quema agrícola pese a veda de cambio de uso de suelo
MORELIA, Mich., 29 de abril de 2021.- Pese a la imposición de una veda para el cambio de uso de suelo de predios forestales siniestrados, desde 2016, en la entidad aún se registra la instalación de sistemas productivos en terrenos que fueron quemados para forzar el cambio de uso forestal a agrícola o habitacional, reconoció Jaime Chávez Arreola, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet).
Si bien las cifras precisas de predios que se han encontrado en estas circunstancias están en manos de autoridades ambientales coercitivas, como la Procuraduría Ambiental (ProAm), la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) y la Fiscalía General del Estado (FGE), expuso que “en algunos casos sí hemos tenido que intervenir en varias ocasiones”.
Mencionó el caso de San Juan Tumbio, donde se llevó a cabo la denuncia de cambio de uso de suelo ilegal y se procedió al retiro de las plantas de aguacate con que se pretendía sustituir el bosque, para luego, en una inspección, encontrar que se había sembrado planta de aguacate nueva.
Si bien las autoridades federales y estatales no han otorgado cambio de uso de suelo de predios forestales en la entidad, el titular de la Semaccdet señaló que se ha detectado que se recurre a una modificación de facto, donde los responsables no esperan una resolución favorable de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o ni siquiera llevan a cabo los trámites para tener este permiso.
Refirió que en la labor de vigilancia es fundamental la colaboración de los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad, para alertar de los signos tempranos de sustitución de la cobertura vegetal por huertas de aguacate, desarrollos habitacionales u otros sistemas productivos.
Cabe recordar que fue en 2016 cuando se creó el acuerdo para la protección de los bosques y la sustentabilidad de la agricultura, mediante el cual se pretendía frenar la expansión de la frontera aguacatera, a costa de la cobertura vegetal, así como recuperar una fracción de los bosques reconvertidos a huertas de aguacate, con un impacto reducido en los productores.
Este acuerdo implicaba una veda por un mínimo de 20 años para los predios forestales siniestrados, especialmente donde se acreditara que el daño fue intencional, para buscar impedir el establecimiento de sistemas productivos en estos suelos.
Hasta ahora, la FGE refiere la interposición de denuncias por la comisión de delitos ambientales, entre los que destaca la realización de incendios forestales, sin un detalle de seguimiento del estado de estas vedas, situación que se repite en el caso de la ProAm, donde se especifica que la intervención ante los delitos ambientales en competencia de la FGE.
