No existen ciudades que garanticen movilidad de personas con discapacidad
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MORELIA, Mich., 24 de febrero de 2023.- En México no existen ciudades o localidades que cuentan con infraestructura para buscar asegurar la movilidad de las personas con discapacidad a través de los espacios públicos, aseveró Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur.
Al presentar su conferencia magistral La Discapacidad desde la Perspectiva de los Derechos Humanos, Camargo Cárdenas refirió que, con la excepción de los polos captadores de turismo y otras áreas acotadas, no hay vialidades, vías de comunicación, accesos a instancias públicas, sistemas de transporte, y demás que sean apropiados para el tránsito de personas con discapacidad en condiciones de seguridad e independencia.
Aseveró que existen leyes, reglamentos, recomendaciones emitidas y otros instrumentos jurídicos y legales para promover la inclusión de las personas con discapacidad en los espacios públicos, de concurrencia pública y en las vías de comunicación.
No obstante, aseveró el titular de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, estos no se materializan adecuadamente y no se garantiza una supervisión de parte de la autoridad en la materia.
"Poner una rampa no es ser incluyente. Una rampa permite el acceso a una persona con discapacidad motriz, siempre que esté adecuadamente construida, reciba mantenimiento y se vigile su uso apropiado, pero a una persona sorda la rampa no le sirve, a una persona con discapacidad intelectual, tampoco. Se requiere de la atención de cada tipo de discapacidad y de la adición de los elementos necesarios a la infraestructura", detalló.
Agregó que existen casos donde las edificaciones o las vialidades no admiten la realización de todas las adaptaciones para personas con discapacidad, porque se trata de monumentos históricos o construidos de origen reducidos, pero "se pueden llevar a cabo lo que conocemos como ajustes".
Lamentó que aunque se efectuó un esfuerzo para la emisión de una recomendación general en la materia, "hubo voces que minimizaron la necesidad de una recomendación general, y se quedó en un diagnóstico".
Y es que para una lucha efectiva por los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad no son suficientes los discursos o las intenciones, sino que se necesita de la asignación de presupuesto público, un ejercicio pertinente del mismo, el fortalecimiento de las instituciones y la creación de espacios de inclusión en todos los ámbitos.
En la entidad, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) contabilizó en 2020 826 mil personas con alguna discapacidad temporal o permanente, así como con alguna limitación o restricción para su movilidad, lo que corresponde al 17.4 por ciento de la poblacion global.