Michoacán violó derechos de adictos: Sergio Rojas
MORELIA, Mich., 3 de mayo de 2017.- Una violación a los derechos humanos de presuntos adictos trasladados sin mediación de su consentimiento expreso al centro de rehabilitación, instalado en el Centro de Readaptación Penal (Cereso) Francisco J. Múgica, efectuó el Gobierno de Michoacán, advirtió Sergio Rojas Bautista, coordinador del Programa de Prevención de Adicciones en Morelia.
Sergio Rojas expuso que, pese a la buena voluntad del Gobierno del estado, “lo que hizo fue violar los derechos humanos de las personas con adicciones”, entre los que se cuenta la privacidad consagrada por la Constitución Mexicana, además de dejar de lado la condición de enfermos que la Organización Mundial de Salud (OMS) asigna a quienes padecen alguna adicción.
Previo a la toma de protesta del Comité Municipal contra las Adicciones (Comca), conformado por la Dirección de Salud Municipal, la Comisión de Salud en el Cabildo, entre otras instancias, el adictólogo mencionó que “la intención (del Gobierno del estado) es buena, pero no se puede ayudar a fuerzas, ya que estos programas son para quienes los piden, no para quienes los necesitan; al estado le faltó tacto para apegarse a la norma de la Secretaría de Salud generada en 1999, que indica la prestación de un trato digno al adicto, así como la protección de sus derechos humanos.
Especificó que se calcula que el 30 por ciento de los pacientes con alguna adicción incurre en conductas delictivas con el propósito de obtener el dinero para la compra de las sustancias que requiere, lo que provoca que sea una problemática de salud y seguridad públicas, se trata de un padecimiento multifactorial que requiere de un tratamiento multidisciplinario para salvar a los enfermos.
“Ninguno pide ayuda, las familias sí, pero los adictos sólo hacen esfuerzos inauditos para seguir adelante con el consumo”, reiteró Rojas Bautista.
Dinero y capacidad, ausencias en prevención de adicciones
Sergio Rojas insistió en que el mejor enfoque en la atención de las adicciones es la prevención; no obstante, sólo 25 centavos de cada peso destinado al sector se invierten en medidas de disuasión y concientización de personas para evitar el registro de adicciones.
Manifestó que en el estado no se observa la aplicación de dinero a la prevención, por lo que se ha mantenido “nadando de muertito” mediante talleres, cursos y campañas sin impacto: “la política de prevención ha fracasado porque no tomaron en serio esta situación, creían que se iba a frenar, pero los jóvenes están cayendo como moscas”.
A esto se suma que “se trabaja con gente que no tiene un perfil adecuado, sino de compadrazgo, por lo que no conocen la materia” y ello afecta la toma de decisiones.
“El Gobierno de la entidad, desde el Consejo Estatal de Prevención de Adicciones, ha efectuado un esfuerzo fallido, porque se requiere de personas expertas al frente de las instancias que dictan las políticas públicas a implementar”, expresó Rojas Bautista.