Mexicanos Primero pide abordar con un enfoque integral el abuso de NNAJ

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de junio de 2021. La red Mexicanos Primero, tanto a nivel nacional como en sus capítulos en Jalisco, Sinaloa y Michoacán levanta la voz para exigir solución y frenar definitivamente el abuso a la niñez y juventud en las escuelas del país.

De acuerdo con un comunicado de prensa, las escuelas deben ser espacios seguros en donde las niñas, los niños y los jóvenes ejerzan libremente su derecho a aprender, espacios de respeto común y de protección a las y los estudiantes. Las escuelas deben ser sitios seguros donde niñas y niños tengan la libertad de expresarse, opinar y participar. 

Sin embargo, la realidad de algunas escuelas públicas y privadas como las incluidas en el reporte de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) enciende los focos de alerta de la sociedad por ser espacios donde la ausencia de supervisión, respeto y de ley permite que adultos perpetren las más perversas atrocidades contra las generaciones jóvenes.

En muchas “no escuelas”, los estudiantes no sólo no aprenden, sino que son victimas de terribles abusos en los propios planteles.  Ahora que se avizora el regreso a las aulas, la sociedad entera debe exigir que sean espacios seguros y laboratorios de la comunidad futura hacia la cual se desea evolucionar.

El abuso hacia los menores de edad en las escuelas ha sido documentado durante muchos años y los juzgados están llenos de denuncias interpuestas al respecto. Las razones de estos ilícitos están fundamentalmente relacionadas con el afán de gratificación sexual y el de lucro. Como se explica en el estudio de ODI, las estimaciones muestran que los incentivos en materia económica son inmensos, solo por debajo del narcotráfico, lo cual debe dimensionar la necesidad de la omisión en que ha incurrido el estado mexicano para proteger los derechos de la infancia.

Las escuelas en nuestro país deben contar con protocolos inmediatos de actuación y supervisión efectiva, para que, ante cualquier posible acto delictivo en contra de un menor, la respuesta inmediata de las autoridades escolares sea denunciar el posible abuso.

Las autoridades deben garantizar que los padres de familia cuenten con información adecuada sobre cómo hablar con hijas e hijos para detectar posible abuso o violencia sexual, mientras que a su vez deben de contar con información y medios accesibles para denunciarlo. 

Las autoridades no deben ser omisas ante semejantes casos que la ODI, nuestra red y muchas organizaciones más, así como medios de comunicación han documentado. El futuro de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes está en riesgo, mientras que las instituciones que deberían de garantizar su libre y sano desarrollo constituyen focos de amenaza. 

Convocamos a las y los ciudadanos a elevar la exigencia para que nuestro sistema educativo esté libre de abuso sexual e insistimos a las autoridades la necesidad de subsanar integralmente la omisión en que ha incurrido el Estado mexicano para proteger los derechos de la infancia. Se requiere, también, de todos los procesos de acompañamiento médico, psicológico, jurídico y de trabajo social para que las víctimas, sus familias y la comunidad avancen a la restitución que es posible y se tomen compromisos de no repetición.