La corrupción no solo es cosa del sector público: INAI

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de septiembre de 2016.- “La corrupción no sólo es cosa del sector público. Puesto que pone en riesgo las inversiones del sector privado, éste debe involucrarse en la prevención de la corrupción”, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez.

Enfatizó que la corrupción no es un problema exclusivo de los gobiernos, también lo es de los particulares y de las empresas porque inhibe la inversión, reduce la productividad del gasto público, distorsiona la asignación de recursos, profundiza la desigualdad y, por tanto, disminuye el crecimiento.

Al impartir la conferencia “Transparencia y anticorrupción: certeza para las inversiones”, durante la sesión mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Ciudad de México, Salas Suárez dijo que los empresarios pueden proponer acciones para prevenir la corrupción, a parte de las que ya están previstas en el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Como parte de una gestión responsable de sus negocios, pueden impulsar e involucrarse en acciones para conformar una agenda de prevención de la corrupción. Ustedes conocen las áreas vulnerables y pueden señalarlas a la población en general para que las autoridades que cometieron actos de corrupción sean identificadas o se disuadan de incurrir en éstos”, apuntó a través de un comunicado.

Salas Suárez subrayó que hay tres vías para que los empresarios y expertos en finanzas del país, ayuden a prevenir la corrupción: los espacios de Gobierno Abierto; la exigencia de mayor transparencia en el sector público, y la transparencia y rendición de cuentas corporativas.

Preciso que los ejercicios de Gobierno Abierto, tanto a nivel federal como local, son espacios que los empresarios pueden ocupar para promover una agenda anticorrupción, de acuerdo a sus necesidades.

“Los empresarios pueden señalar las áreas sensibles a la corrupción y proponer acciones para prevenirla en sus estados”, expuso el comisionado del INAI.

Indicó que los negocios en el sector público deben ser transparentes, para que haya confianza entre los actores involucrados y se garantice la libre competencia.

“Por ejemplo, en las contrataciones públicas, es crucial que todas las partes dispongan de información para reducir las asimetrías y haya un mejor desempeño contractual y mejores resultados tanto para quienes invierten como para los beneficiarios.  La información pública dará certeza de los pasos a seguir, los costos y tiempos de los trámites y el responsable de cada uno de ellos”, destacó.

En cuanto a la propuesta de impulsar la transparencia en el sector empresarial, Joel Salas apuntó que sólo el 48 por ciento de las grandes compañías del país tienen un programa formal y por escrito contra el soborno y la corrupción, según la encuesta realizada en 2015 por KPMG (firma de asesoría a empresas).

“Cuando las empresas tienen una estrategia antifraude se pueden evitar el 50 por ciento las incidencias; sin embargo, en México sólo el 8 por ciento de las firmas tienen políticas anticorrupción. La evidencia arroja que hace falta conocer si el sector cumple sus obligaciones fiscales y si no hay conflicto de intereses cuando son contratadas por el sector público”, recalcó.

El comisionado Salas Suárez indicó además que la corrupción afecta a las empresas  en su reputación y deslegitima sus contribuciones en la producción de bienes y servicios, la creación de empleos y valor económico, así como en el pago de impuestos.

“Sin embargo, los recientes escándalos públicos sobre posibles conflictos de interés o incumplimiento de obligaciones fiscales, despiertan sospechas y deben ser aclarados cuanto antes, con la finalidad de que la percepción sobre actos de corrupción, a lo largo y ancho del territorio nacional, vaya disminuyendo” remarcó.

En ese sentido, el comisionado del INAI manifestó que la Encuesta Global de Fraude y Percepción de Corrupción 2016 elaborada por EY (antes Ernst & Young), muestra que algunas empresas en México suelen justificar acciones irregulares para cumplir con sus objetivos financieros.

“El denominado fraude interno, el cometido por empleados, tiene una incidencia de 75 por ciento.  Casi 8 de cada 10 empresas que operan en México han padecido cuando menos un fraude en los últimos doce meses”, enlistó.

Joel Salas Suárez afirmó que es tiempo de pasar del consenso en las normas para dar el consenso en las prácticas anticorrupción.

“Consideramos que, para ello, son aliados. Creemos que el acceso a la información, transparencia y combate a la corrupción, son tan sólo medios para lograr el máximo fin que todos buscamos, tener un México más justo”, concluyó.