Juicios masivos ilegales afectan a 5,190 michoacanos: Infonavit
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MORELIA, Mich., 29 de enero de 2025.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) alertó esta semana de una red de corrupción en el país que involucró a despachos de abogados que promovieron juicios masivos fuera de la ley que afectaron a ciudadanos derechohabientes.
Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, mencionó que en todo el país fueron más de 373 mil personas las afectadas con juicios por presuntamente no pagar sus créditos debido a que anteriormente los montos aumentaba pese a que se pagaran a tiempo, ya que la mayor parte era para cubrir intereses.
De los 373 mil 812 ciudadanos afectados en México, 5 mil 190 se dieron en Michoacán, de los cuales, 312 fueron demandados en la entidad y 4 mil 878 en otro estado de la República, y que fueron los más afectados al no conocer este proceso, no responder a tiempo y sufrir los embates legales.
El funcionario federal indicó que lo que detectaron fue que se hicieron denuncias de forma masiva y los despachos involucrados cometieron irregularidades porque no se notificaba a las personas acreditadas, además de incluir a quienes no tenían problemas.
El modus operandi
El modo de operación iniciaba cuando ciudadanos que tenían un crédito de vivienda caían en cartera vencida y se retrasaban en sus pagos, y en lugar de que el Infonavit buscara atender este tema de morosidad, iniciaron demandas contra los ciudadanos, lo que afectó a quienes no podían pagar a causa de cobros excesivos que hacían cifras impagables.
"La estrategia fue hacer demandas, pero de una manera poco ética y yo diría incluso que ilegal, porque estas denuncias se hicieron de forma masiva y en 2012 se dio esta estrategia a través de despachos, los cuales cometieron irregularidades porque no se notificaba a los acreditados afectados sino a acreditados que no tenían problemas de pago".
Eso ocasionó que los derechohabientes fueran demandados en un estado distinto a su lugar de residencia y donde se tenía la vivienda, lo que imposibilitaba que recibieran la notificación correspondiente y ni se enteraban de que estaba un proceso en su contra, lo que impidió que ejercieran su derecho a defenderse.
Por ello, dijo, en esta administración federal se desplegó una estrategia para revertir estos efectos y que los ciudadanos no se vieran afectados por esta situación, que implicará un costo económico que aún no ha sido cuantificado.