En peligro, acceso a la información: expertos
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2017.- Considerada por algunos como la piedra angular para el buen funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, la iniciativa de la ley general de archivos —presentada el pasado 17 de noviembre en el Senado— nació envuelta en la polémica, porque en su redacción, de acuerdo con especialistas, “se privilegió el control político sobre el carácter técnico que debe predominar en una norma de este tipo”.
La senadora Cristina Díaz (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, rechazó que se busque el control político de todos los archivos del país y justificó que la Secretaría de Gobernación encabece lo que será el nuevo Sistema Nacional de Archivos, ya que señala que es la dependencia que tiene mayor fuerza institucional.
Entre los puntos polémicos de la iniciativa destacan que a la Secretaría de Gobernación se le concede la rectoría de la política pública archivística, además, será la instancia que encabece el Consejo Nacional de Archivos y el Archivo General de la Nación (AGN). En otro aspecto, no se le da autonomía técnica al AGN y se mantiene como un órgano sectorizado a la Secretaría de Gobernación; asimismo, prevalece la facultad del Presidente de la República de nombrar al director del AGN.
