Convenio que evita pérdida de bosques no es viable en términos actuales
MORELIA, Mich., 24 de mayo de 2017.- La firma de un convenio entre la Federación y el estado para el combate de la pérdida de superficie boscosa, si bien podrá incluir operativos para abatir la existencia de sistemas productivos ilegalmente establecidos en superficies forestales no permitirá estas acciones en los términos actuales, aseveró Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR).
Orihuela Estefan refirió que el acuerdo a que se prevé arriben el gobierno de Michoacán y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no permitirá la “arbitrariedad” con que se ha desarrollado el desmantelamiento de huertas frutícolas, primordialmente aguacate, lo que, consideró, ha privado a los afectados de medios de defensa.
Aseveró que el convenio implicará que las acciones deberán efectuarse con apego a la ley, lo que comprende en un inicio la colocación de sellos de clausura en las huertas o sistemas productivos detectados como ilegalmente establecidos en superficies boscosas, a lo que deberá seguir la notificación al propietario para que aporte documentales para su defensa.
El ex diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mencionó que este proceso ya está contenido en la ley de Desarrollo Forestal Sustentable en el estado, norma que la Mesa de Seguridad Ambiental, responsable del retiro de huertas frutícolas, ha incumplido.
Reiteró que la CNPR celebra que las autoridades “intenten transitar por la legalidad”, con lo que la concreción del acuerdo llevará a la definición de los mecanismos para asegurar una actuación en el marco de la norma.
Regularización de huertas, a negociación
Eduardo Orihuela señaló que entre las vertientes que deberá contener este mecanismo se encuentra el diálogo con los productores para evaluar el impacto de la actividad agrícola en los espacios calificados como forestales.
Expresó que se han observado zonas que ya no cuentan con cobertura vegetal, por lo que la instalación de una huerta no generó un daño al ecosistema ni cambio de uso de suelo, huertas que serían susceptibles de ser regularizadas.
Asimismo, se deberá abordar el proceso para restituir al bosque las superficies recuperadas mediante un programa de reforestación que cuente con presupuesto determinado y la participación de las instancias y los productores.
Por otra parte, se tiene que integrar la imposición de sanciones para funcionarios públicos y productores que han infringido la ley.
