Compete a las instituciones hacer frente a la corrupción: Inai
MORELIA, Mich., 1 de febrero de 2017.- La celebración en días recientes del Foro Internacional Michoacán, Gobernanza y Desarrollo Democrático, se caracterizó por la presencia y participación de reconocidos expertos en temas de interés social, cuyas ponencias y conferencias dieron relevancia y realce a este evento.
Tal es el caso del coordinador de Acceso a la Información Pública del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá Méndez, quien brindó la plática “Descentralización de Competencias. Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas”, señala un comunicado.
Tras reconocer que la corrupción es uno de los males que más efectos negativos tiene para el país, dado su nocividad para el crecimiento económico y la generación de desencanto, desconfianza y apatía de la población hacia las instituciones públicas, destacó los conceptos de transparencia y de acceso a la información como dos herramientas que sirven a la población para vigilar la actuación de sus autoridades y dar seguimiento a los resultados de su gestión.
“Sin embargo, solo serán efectivas en el combate a la corrupción en la medida que sean utilizadas por la sociedad”, añadió.
Ante este panorama, Alcalá Méndez detalló un compendio de los costos de la corrupción y la correlación con las medidas anticorrupción, con la fiscalización y con el uso de la transparencia y del acceso a la información.
En este sentido, afirmó que la opacidad, entre otras cosas, limita los índices de crecimiento económico y social debido a los efectos de fricción que resultan del mal funcionamiento de las instituciones.
“Si bien, el derecho de acceso a la información, por sí solo, no puede combatir ni reducir los costos de la corrupción, es indispensable que las personas y en su caso, las autoridades correspondientes, hagan uso de éste para que sirva en este propósito”, dijo.
El derecho al acceso a la información puede abonar a la reducción de los costos de la corrupción en la medida en que los particulares y las propias instituciones de control ejerzan en plenitud este derecho, toda vez que se puede profundizar en la investigación y acceder a toda la documentación que requieran para vigilar la actuación de sus autoridades, así como el conocimiento de todos los pormenores de su gestión.
“La Ley General de Transparencia establece medidas para facilitar y garantizar que este derecho se pueda ejercer en todo el país, no solo normativamente, sino con el uso de las tecnologías de la información y medios alternativos, como son el teléfono, el correo postal, el telégrafo y los teléfonos inteligentes”, complementó.
El servidor público del INAI concluyó su ponencia al afirmar que debido al nivel y grado de complejidad, los esfuerzos para combatir la corrupción competen a una multiplicidad de instituciones, mismas que deberían trabajar de manera coordinada y articulada, con el acompañamiento de la sociedad, en tareas sustantivas para garantizar la efectividad de sus acciones.
Dijo que no obstante, la expedición de normas es insuficiente, resulta indispensable que esa normatividad se aplique puntualmente para castigar todos los actos de corrupción, sin importar de quien se trate.
“Solo así habrá el temor de cometer ilícitos en los servidores públicos y con el tiempo, la ciudadanía comenzará a tener confianza y credibilidad en sus instituciones y funcionarios públicos”, finalizó.
