Audiencia de homicidio evidencia deficiencias en acceso a la justicia

MORELIA, Mich., 3 de mayo de 2018.- Los constantes movimientos en la asignación de asesores jurídicos para las víctimas indirectas, ausencia de alguna de las partes procesales y hasta deficiencias en las notificaciones, han puesto en riesgo los derechos de los imputados a una justicia pronta y expedita, garantizada en lo Constitución Mexicana.

Así quedó evidenciado este jueves en la causa de investigación 96/2017, que se les sigue a dos hombres acusados de asesinar a una abogada en las inmediaciones del penal Mil Cumbres.

Este jueves es la novena ocasión, desde diciembre de 2017, en que se pospone la audiencia intermedia. Los argumentos: no le fue notificada a la víctima indirecta en tiempo y forma cuando se iba a celebrar la audiencia.

La juzgadora del nuevo Sistema de Justicia Penal reconoció que en esta ocasión no era responsabilidad de las partes procesales, sino del notificador, por lo que se ordenó dar vista a la directora de Gestión se cumplimentara la notificación.

Ante tales circunstancias, el abogado de la defensa hizo un llamado a la juez Amalia Herrera Arroyo por el respeto a los derechos de los acusados, los que se encuentran privados de la libertad, derechos que se encuentran salvaguardados en la Constitución Mexicana, Artículo 20, apartado B., que relata sobre los derechos de los imputados en su fracción Séptima.

“Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa”.

No obstante, la audiencia se pospuso nuevamente, sin que la juez tomara un posicionamiento ante una nueva posible inasistencia de alguna de las partes, esto a un mes y días de cumplirse un año del asesinato.

Pero esta no sería la primera vez ni la única causa que experimenta situaciones iguales. Lo mismo ha acontecido con otras audiencias, ya sea porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cambia de asesores, o no acuden a las audiencias, cambios en la defensoría pública y del Ministerio Público.

Con ello, se pone en riesgo la impartición de una justicia pronta y expedita, principio rector del Sistema Penal Acusatorio y Oral.