Promueve FGE Programa Institucional de Derechos Humanos en LC
MORELIA, Mich., 30 de noviembre de 2020.- En cumplimiento a los ejes estratégicos establecidos en el Plan de Persecución de Delitos, se presentó al funcionariado de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas el Programa Institucional de Derechos Humanos, herramienta que contiene los objetivos, estrategias y acciones implementadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para garantizar que las tareas sustantivas que realiza la institución se lleven a cabo en el marco de la legalidad, observando los principios del debido proceso, contribuyendo así al esclarecimiento de los hechos y la protección de las víctimas.
De acuerdo con un comunicado de prensa, en el marco de este encuentro realizado bajo los protocolos de prevención ante el Covid-19, Rosario Berber Cerda, titular de la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos, hizo énfasis en la instrucción del Fiscal General, Adrián López Solís, de presentar este plan a las y los integrantes de la FGE, a fin de reforzar las labores para que toda persona que haya cometido algún hecho con apariencia de delito no quede impune y que se repare el daño a la víctima del delito.
Asimismo, con la colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se llevó a cabo la capacitación titulada “El ABC de los Derechos Humanos”, impartida por personal de la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, en la cual se explicó el procedimiento de queja que se lleva a cabo en este organismo.
Para finalizar con las actividades esenciales en este municipio, Berber Cerda y el Fiscal Especializado para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Félix López Rosales, llevaron a cabo una visita de supervisión a la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía Regional, a efecto de verificar que se respeten y garanticen los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Además, se realizó la colocación de viniles que contienen los derechos de las personas imputadas, establecidos en el artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de prevenir posibles actos que puedan afectar la integridad de las personas detenidas.
