Violentan estado de derecho medidas restrictivas impuestas por alcaldes

MORELIA, Mich., 2 de abril de 2020.- Como una violación grave al estado de derecho, con repercusión penal y política, calificó el doctor Gumesindo García Morelos las medidas restrictivas de derechos ciudadanos, como el de libre tránsito o el de reunión, que están aplicando algunas autoridades municipales y comunales en la entidad.

Ninguna autoridad estatal, municipal o comunal puede restringir los derechos de los ciudadanos ya que esa es una facultad discrecional del presidente de la República que no puede usurpar nadie, por lo que los ciudadanos que se sientan afectados por esas medidas pueden presentar una demanda de amparo.

Esas demandas se pueden hacer desde el teléfono celular en un formato simple depositado en el buzón de la Judicatura Federal y el juez de distrito en turno tendrá que dictar medidas cautelares para que la gente tenga libertad de movilidad o de reunión.

Además, se pueden presentar a cualquier hora y cualquier día alegando, incluso, la inconstitucionalidad de las medidas y el juez de distrito una vez que conceda las medidas cautelares puede apercibir al presidente municipal, al síndico, al gobernador, a la autoridad que sea, de responsabilidad penal Federal.

En el caso concreto del municipio de Zamora que advirtió a los ciudadanos que utilizará la fuerza pública y podrá arrestar o multar a quien no acate sus recomendaciones, señaló que puede ser considerado como una violación sistemática de la Constitución.

En Cotija por ejemplo, aunque no hay un documento oficial de por medio, de facto se cerró la entrada a la cabecera municipal, igual que en la comunidad indígena de Santa Ana Zirosto, municipio de Uruapan, aunque ahí sí lo hay, firmado por el jefe de tenencia.

“Una persona que restringe la libertad de tránsito sin cumplir con las condiciones constitucionales, imagínate si no está violando sistemáticamente y, además, está usurpando el tema de elaborar normas generales que no les corresponden porque es una cuestión que está en la Constitución y sería sujeto de juicio político”.

En el caso del derecho a la libertad de reunión indicó que el acuerdo emitido el 31 de marzo habla de la cuarentena voluntaria, incluso para los ciudadanos que llegan del exterior para la que la limitante es de 50 personas en el caso de las actividades esenciales, pero para las no esenciales el aislamiento también el voluntario.

Consideró que hasta ahora ha habido los acuerdos necesarios para contener el contagio del coronavirus por parte del Consejo General de la Secretaría de Salud y de la propia Secretaría de Salud, que en una contingencia como la que estamos viviendo, son las únicas autorizadas para hacerlo.