Va un año y 5 meses que a San Matías en Hidalgo no le llega recurso
MORELIA, Mich., 29 de junio de 2024.- El espíritu revolucionario nicolaíta ha trascendido las aulas, y este mismo también sostiene el movimiento de la población otomí San Matías El Grande, ánimo que hizo a la comunidad resiliente ante las múltiples violaciones a derechos políticos y humanos, acto que se repitió una vez más el viernes cuando el Cabildo de Hidalgo no sesionó como ordenó el tribunal.
Es ya un año y cinco meses de lucha y resistencia de la población otomí de San Matías El Grande, en el municipio de Hidalgo, por el acceso al recurso directo.
El tiempo ha hecho estragos en la comunidad, porque no recibieron inversión y les retiraron los servicios públicos, pero no dañó su voluntad.
La decisión de José Luis Téllez de negarles el recurso no sólo no los doblegó, los unió, hizo fuerte a la comunidad, aprendieron transformar la violencia en esperanza.
“Ha sido una experiencia nueva-para la comunidad-. Nos ha ayudado bastante. Nuestra comunidad despertó”, declaró ante las cámaras de Quadratín Roque Martínez, comisario de Bienes Ejidales.
Pero fue un despertar, podríamos decir, violento. Agresivo para una comunidad que había permanecido en las sombras, porque San Matías El Grande pasó de no interesarse en temas políticas y aceptar lo que le otorgaba el Ayuntamiento sin remilgos a arrasar en la consulta pública y después: los bloqueos.
Algo sucedió. Un despertar, así lo califica el comisario de Bienes Ejidales, pero no es cualquier despertar, es uno despertar sostenido en los hombros de egresados nicolaitas, que gracias a las casas de estudiante lograron concluir sus estudios.
Los integrantes del Consejo de Autogobierno de San Matías El Grande son egresados de la facultad de Historia, Ingeniería Civil, Arquitectura y Físico Matemáticas, entre otras, y que vivieron en carne propia las movilizaciones estudiantiles.
Es el caso de los hermanos Martínez Figueroa, uno presidente del Consejo y el otro representante de los artesanos locales.
También se encuentran Roque y José Luis Martínez, uno autoridad ejidal y el otro miembro del Consejo, así como la consejera de Educación, Laura Morcheco Gutiérrez.
Con el liderazgo de egresados de las casas de estudiante Che Guevara y la propia Nicolaita, la comunidad volvió a decidir en las asambleas, se autorreconocieron como otomíes, algo de lo que ya no se hablaba, y con ello decidieron por el autogobierno.
“Nos reconocemos indígenas porque pertenecemos a una comunidad indígena, quizás muchos no se aceptan, tal vez sea por racismo, pero hay muchos que si nos reconocemos como indígena, es un orgullo”, declaró el día de la votación, según el registro del Instituto Electoral de Michoacán.
El 23 de enero la población votó en contra del sistema de partidos sin saber el caminar que les esperaba.
A los pocos días de ganar la consulta se les suspendió el servicio de recolección de basura, argumentando que ahora era una comunidad autónoma. También otros servicios básicos y comenzaron la pelea por el agua, acceso a la salud y la seguridad hasta que tuvieron que recurrir al bloqueo carretero.
“Desde que la comunidad de San Matías el Grande votó a favor del autogobierno, el presidente de José Luis Téllez suspendió ilegal y arbitrariamente los servicios públicos de recolección de basura, seguridad pública y atención médica, omitiendo con este el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”, dado que todavía no se le ha entregado los 18 millones de pesos que les corresponde para el ejercicio fiscal 2023, declaró el 13 de marzo Pavel Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
Unos días después, el 28 de marzo, respondió el alcalde emanado del Partido del Trabajo, José Luis Téllez, que no tenía la intención de entregar el recurso.
“No, no. Tengo una reunión con el secretario de Gobierno, Torres Piña, traemos varias propuestas para resolver el conflicto”, respondió a pregunta expresa.
Ante aquella negativa, tomaron días después del anuncio la carretera federal, Morelia – Toluca, ante lo que fue necesaria la intervención del subsecretario Humberto Urquiza y el entonces secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, para que se les diera el acceso a medicinas y médicos, ya que había instruido el edil del PT que no se les recibiera a miembros de esa comunidad.
Familias como la Romero Martínez no sólo se quedaron sin ver una oportunidad de crecimiento para su comunidad, también sin tratamiento contra los problemas renales.
“Ganar el acceso al recurso directo nos afectó, porque nos dejó de apoyar el Ayuntamiento, se nos informó que esto se debía a que nosotros ya recibimos el presupuesto directo y no teníamos entonces derechos para ir a solicitar apoyo para medicamentos ni llevarlos a los tratamientos”, relató con un lenguaje corto, pero concretó ante las cámaras de Quadratín al acudir a la toma de la avenida Camelinas.
“Nos dijo José Luis Téllez Marín ya ni vengan que no les vamos a dar apoyo”, agregó, afirmaciones que coinciden con la información oficial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que demandó se reintegran los programas de salud a favor de la comunidad, entre otros.
Y no sólo fue contraproducente para los pacientes renales, también hubo casos de hepatitis y otras enfermedades provocadas por el consumo de agua dulce que no pasó por el procedimiento para el consumo humano.
El problema escaló a tal punto que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación por violaciones a los derechos elementales, pero aún así, el cabildo no sesionó y se fue pasando el tiempo, perdiendo el Ayuntamiento todos los recursos legales y amparándose de los apercibimientos de los tribunales.
Sin embargo, el pasado martes nuevamente el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), les ordenó sesionar y otorgar el recurso directo a más tardar el viernes, pero no lo hizo otra vez, fuentes del Consejo informaron que no convocaron a sesión argumentando que tienen hasta el lunes 1 de junio para hacerlo.
La lucha es por alrededor de 21 millones de pesos para ejercer de manera directa la comunidad.
