Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria

MORELIA, Mich., 23 de noviembre de 2024.- Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información pública, destacó los retos y las oportunidades del proceso de transición que enfrenta el acceso a la información pública en México, en particular con la propuesta de trasladar las funciones de la Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el marco de la Cumbre Quadratín 2024, Villanueva habló sobre los retos de activar el derecho a la información, y señaló que este cambio, que implica una reforma a la Ley General en Materia de Acceso a la Información Pública de 2015, representa una oportunidad para fortalecer la transparencia en el país. 

Según el especialista, el Inegi, como organismo autónomo con experiencia en manejo de datos, podría garantizar mayor independencia y profesionalismo en la recepción y procesamiento de solicitudes de información provenientes de todas las entidades públicas, sindicatos y personas morales que manejen recursos públicos.

“La transición al Inegi es una labor de imaginación y creatividad jurídica. Este organismo tiene credibilidad y capacidad técnica para manejar la información de manera eficiente. Sin embargo, será fundamental que los responsables actuales de las solicitudes trabajen coordinadamente durante este proceso de cambio”, afirmó Villanueva.

Entre las propuestas del experto para mejorar la transparencia, subrayó la necesidad de sanciones más severas para los servidores públicos que incumplan con la entrega de información, incluyendo multas significativas y suspensión de presupuestos.

"Las sanciones actuales son mínimas, y eso fomenta la opacidad. Debemos establecer medidas disuasivas contundentes”, enfatizó.

Otro de los puntos críticos abordados fue la falta de claridad en la legislación que rige a ciertos organismos, como las fiscalías, lo que provoca contradicciones en el cumplimiento de las solicitudes de información. 

Villanueva instó a eliminar estas antinomias legales para evitar que los funcionarios queden atrapados entre cumplir con la ley de acceso a la información y otras normativas que limitan su actuar.

Finalmente, el académico señaló la importancia de reformar artículos específicos de la ley que actualmente obstaculizan el acceso a la verdad. 

Citó como ejemplo el caso de improcedencia de recursos de revisión cuando el solicitante cuenta con pruebas que contradicen las respuestas oficiales. 

"La transparencia no debe defender la opacidad ni la simulación. Necesitamos leyes que favorezcan el acceso real a la información pública, no que lo obstaculicen”, concluyó.

Villanueva advirtió que aunque las reformas propuestas son viables, el desafío será lograr el consenso necesario entre los legisladores para llevarlas a cabo.

"Si logramos estos cambios, podríamos avanzar hacia un México más transparente y con mayor calidad de información. De lo contrario, seguiremos lamentando las deficiencias del sistema actual”, afirmó.

La discusión sobre la constitucionalidad de estos cambios también salió a relucir, considerando los límites de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con reformas constitucionales. 

Villanueva recordó que las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales son herramientas válidas para las leyes, pero no para modificaciones a la Carta Magna.

El debate, afirmó, seguirá en curso mientras México busca consolidar un sistema de transparencia que no solo sea eficaz, sino también plenamente confiable para la ciudadanía.