Trabajo comunitario: del castigo a la generosidad por una infracción

MORELIA, Mich., 24 de enero de 2024.- Víctor Hugo fue a una reunión, tomó unos tragos y cuando conducía a su casa se quedó dormido en un semáforo, Héctor Gerardo se estacionó en lugar prohibido, Alexandro inhaló cocaína y tuvo delirio de persecución y Ángel Alejandro conduce, pero no tiene licencia de automovilista.

Los cuatro cometieron faltas administrativas, lo que no los convierten en delincuentes, aunque por ello tuvieron que presentarse ante un juez cívico que luego de explicarles la falta cometida desde el punto de vista del efectivo policiaco que los infraccionó o detuvo y escuchar su versión de los hechos, les dio a elegir entre el pago de una multa o realizar servicio comunitario.

Víctor Hugo optó por el arresto de 36 horas en el Centro de Detención Municipal, porque no tenía para pagar la multa que era como de siete mil pesos y solo se quejó por el frío que pasó, pese a que le proporcionaron una cobija.

Ya en libertad, lo encontramos haciendo los trámites para recuperar el vehículo porque es su instrumento de trabajo, ya que está afiliado a una plataforma digital, pero como es propiedad de uno de sus hermanos tendrá que regresar con una carta poder simple, la infracción, su credencial de elector y pagar el arrastre y resguardo del vehículo, cerca de dos mil pesos.

Héctor Gerardo no es moreliano, es de la Ciudad de México y estacionó su Volkswagen en la calle de Soto Saldaña en un tramo con línea amarilla, la jueza le preguntó si sabía que eso no podía hacer y le dijo que no, que son rojas en donde él vive, por lo que la jueza le explicó todas las señales posibles que indican que están prohibido estacionarse.

Sin duda alguna optó por pagar la multa de 622 pesos y luego explicó a Quadratín que no fue porque se niegue a hacer trabajo comunitario, sino que tenía urgencia por regresar a la Ciudad de México, pero no quería dejar pendiente la infracción.

Alexandro fue detenido, a petición de su madre, porque la asustó, ya que gritaba que lo perseguían y lo querían matar, pero cuando llegó la Policía, se puso agresivo y se lo llevaron al Centro de Detención Municipal, donde el médico diagnosticó un alto grado de intoxicación, donde permaneció hasta que estuvo en condiciones de ser presentado a un juez.

La jueza Estefanía Magaña le informó que sus pertenencias, un teléfono celular, la cartera y dinero estaban en resguardo. Le explicó que cuando a una persona la amenazan y se siente en peligro debe llamar al 911 y que su adicción, de acuerdo con los médicos que lo revisaron, requiere de atención.

Le impuso un arresto de 24 horas o una multa de 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podía conmutar por trabajo al servicio de la comunidad y, sobre todo, de él mismo, por lo que le dio a elegir entre un centro de rehabilitación o acudir a terapia y eligió la terapia.

Ángel Alejandro es reincidente, ya es la segunda vez que debe acudir ante un juez: la primera fue porque compró su coche y no checó que estuviera libre de infracciones y le tocó pagarlas a él, pero con trabajo comunitario y ahora porque empezó a conducir sin tener la licencia de automovilista, y nuevamente optó por el trabajo comunitario a pagar la multa.

Le dieron ocho horas que cubrirá el próximo domingo apoyando a la organización Bicivilízate Michoacán, porque previo a la apertura de la avenida Madero, para ciclistas, se deben colocar las vallas y al término guardarlas, pasando por marcar altos a los automovilistas en las calles que atraviesan la avenida.

De no ser porque no tienen acceso a un sanitario y que el solazo del mediodía quema, hasta le gustaría seguir pagando las infracciones que comete con trabajo comunitario porque de esta forma no queda impune y no afecta su economía, declaró a Quadratín.

Como él, otras seis mil 196 personas optaron por el trabajo comunitario en 2023, acumulando un total de 51 mil 245 horas de trabajo al servicio de los morelianos, indicó la policía María Guadalupe Razo, una de las encargadas de canalizar a los ciudadanos que eligen esta vía.

El servicio no es barriendo calles o lavando baños, es apoyando a organizaciones civiles sin fin de lucro como Cáritas, Teletón, Hogar Emaús, Hogar del Cristo Abandonado, el Banco de Alimentos o Alpha Kids, además de que se buscan actividades de acuerdo a la edad y condición física y médica de quien comete una falta administrativa.

Incluso servicios técnicos o profesionales como médicos, odontológicos o de defensoría, cuentacuentos, profesores de arte, instructores de yoga que ellos mismos proponen y ponen al servicio de quienes lo necesitan, indicó Guadalupe Martínez, directora de la Unidad de Política de Seguridad para la Mujer y a cargo del departamento de trabajo a favor de la comunidad.

Por ejemplo, mencionó, Alpha Kids necesitaba colocar cámaras de seguridad y no tenían el recurso para contratar a un técnico y llego por una infracción de tránsito, una persona que conoce de sistemas y las colocó sin costo para la institución y él pagó su falta con horas de trabajo comunitario.

Explicó la funcionaria municipal que la justicia cívica no es punitiva, sino que establece las razones de fondo por las que se cometen faltas administrativas, por conducir en estado de ebriedad o consumir drogas y, la sanción que imponen los jueces, con base en la entrevista de tamizaje que se hace en el Centro de Detención Municipal, el informe policial homologado y el diálogo que tienen con ellos, siempre tiene un enfoque terapéutico.

Este enfoque es principalmente para el control de ira, así como el uso y abuso de sustancias tóxicas, por lo que también se trabaja con Alcohólicos Anónimos para que asistan a las charlas y prevenir que el consumo social de cada ocho días se vuelva un problema real de alcoholismo.

 También se apoyan en los Centros de Rehabilitación de Adicciones que ayudan en los procesos de desintoxicación y rehabilitación, incluso si hay quien pide ayuda sin haber cometido una infracción, se le apoya para que se les haga un descuento.

 “Lo bonito del trabajo comunitario es que las personas llegan enojadas por la infracción que cometieron y deben pagar, pero una vez que hacen trabajo comunitario hacen conciencia de lo que pueden dar y, lo que es un castigo, se convierte en generosidad, al grado que muchos siguen colaborando con las instituciones como voluntarios, sin haber cometido una falta administrativa”, concluyó.