Contradice FGE a CEDH: ministeriales no cometieron tortura
ORELIA, Mich., 24 de mayo de 2019.- La Fiscalía General de Michoacán (FGE) informó que tras la investigación realizada con relación a la presunta práctica de tortura a un imputado en 2014, por cinco elementos de la Policía Ministerial de Michoacán, no se acreditó el delito aludido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la recomendación MOR/630/16.
En términos de la carpeta de investigación 1003201909362 ligada al expediente MOR/053-239112/2019 de la Dirección de Asuntos Internos de la FGE, los elementos Ricardo Delgado Castellanos, Marco Antonio Villanueva López, Félix Hernández Hernández, Arturo Ramírez Flores y Ernesto Emicente Francisco fueron deslindados de toda responsabilidad.
De acuerdo con las argumentaciones expuestas por la FGE, en 2014 el imputado Juan Carlos Almazán Mendoza había escapado a Tijuana porque era acusado del delito de secuestro; las indagatorias de la autoridad permitieron su localización y fue presentado el 29 de julio de ese año ante el Ministerio Público en términos de ley y en apego al Debido Proceso.
En su versión, la autoridad subraya que si bien los peritajes médicos tanto de Baja California como los de la FGE de Michoacán certificaron lesiones en el cuerpo del imputado, éstas fueron en primer grado, que pudo haberse provocado él mismo o que se ocasionaron como parte de forcejeos debido a su resistencia.
Lo anterior, según la resolución de la FGE, y que son considerados elementos insuficientes para acreditar el delito de tortura, además de que no hubo intercambio de información ni se obtuvo ninguna declaración, condiciones indispensables para su configuración.
Así pues, se expone que a la fecha los policías acusados continúan en funciones por considerarse servidores públicos honorables y honestos.
Según las conclusiones de la FGE, Juan Carlos Almazán, hoy occiso, recurrió en 2016 a la CEDH como parte de una estrategia jurídica al amparo de las disposiciones garantistas del marco jurídico penal vigente, ya que desde 2014 era acusado de secuestro, delito por el que fue sentenciado a 30 años de prisión en el Centro de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto, donde el pasado 9 de marzo fue asesinado presuntamente en una riña.
