Es largo el camino de cobros millonarios para proveedores del Gobierno
MORELIA, Mich., 24 de junio de 2021.- Largo y sinuoso es el camino que deben recorrer los proveedores del Gobierno del Estado para poder cobrar millonarios bienes y servicios que les fueron contratados, ante la negativa de pago.
Ejemplo de ello son dos juicios administrativos, el JA-1631/2017-I y el JA-1492/2017-II, ambos presentados por la empresa DICIPA SA de CV, el primero por el pago 2 millones 199 mil 555 pesos y el segundo por un millón 599 mil 926 pesos, por parte de los servicios de salud.
Luego de cuatro años en los que hubo requerimientos, apercibimientos y multas, por parte de jueces y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) se resolvieron dos quejas por el incumplimiento de las sentencias a favor del demandante, dando vista al Ministerio Público y al Órgano Interno de Control.
Originalmente esa empresa proveedora de medicamentos reclamó el cumplimiento de cuatro contratos por un total de 15 millones 477 mil 680 pesos, pero se fueron admitiendo uno por uno en el TJAM, en agosto de 2017.
Los dos fueron resueltos a favor del demandante, ordenándose el pago inmediato, pero las autoridades responsables prefirieron buscar el amparo de la justicia federal, el cual les fue negado por ser notoriamente improcedentes por lo que se declararon ejecutoriadas las sentencias en noviembre de 2018.
Los argumentos para negarse a pagar fueron sobre las reestructuras administrativas de 2016 y 2017 mediante las que se fusionaron y extinguieron diversas estructuras, así como sus funciones y atribuciones en un intento de deslinde de la demanda.
Requerimientos, apercibimientos y multas no fueron suficientes para que se generen los pagos que, en teoría, no deberían estar en juicio porque cuando se adjudican existen los recursos presupuestarios para liquidar los contratos, ya sean por adjudicación directa o por licitación pública.
Luego el argumento para no cumplir las sentencias cambió entonces a que los Servicios de Salud no generan recursos propios y dependen de las asignaciones presupuestales que son anuales y aunque hubo compromisos para garantizar el pago en el ejercicio 2020, tampoco se cumplió y tampoco se previó para este 2021.
En el lapso de tres años, lo único que las autoridades presentaron como prueba de que sí tienen la intención de pagar es que solicitar recursos adicionales por 111 millones 612 mil 724 pesos a la Comisión de Gasto Financiero del Gobierno del Estado, los cuales les fueron negados, además de que en la solicitud no se especificó que estaba incluido el cumplimiento de las dos sentencias.
En el caso de la queja 5/2021-I, derivada del juicio administrativo JA-1631/2017-I a cargo del magistrado Jesús Sierra Arias se resolvió dar vista al Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes por la comisión de los delitos que pudieran derivarse del incumplimiento de la sentencia, así como a los órganos internos de control para que inicien con el procedimiento de responsabilidades administrativas correspondientes.
Incluso se requiere al Gobernador del estado para que a partir de que sea notificado conmine a las autoridades de salud a cumplir con la sentencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedor a una multa equivalente de entre 100 a 500 UMA.
La queja 6/2021-II derivada del juicio JA-1492/2017-II resuelta por el magistrado Santiago Manzo Chávez también se vincula al procedimiento a la Junta de Gobierno del organismo público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, a través de su presidente, el Gobernador, para que convoque a sesión extraordinaria y autorice la modificación presupuestaria que corresponda, además de dar vista al Ministerio Público y al Órgano de Control Interno.
