Resta credibilidad retiro de empresas en auditoría forense: diputado
MORELIA, Mich., 25 de junio de 2017.- El hecho de que las empresas Ernest & Young y KPMG Cárdenas Dosal decidieran retirarse de la licitación pública para realizar la auditoría forense a la cuenta “Cargos por aplicar” de la administración estatal, le resta credibilidad al procedimiento, advirtió el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, Miguel Ángel Villegas Soto.
“Dicen que el que paga manda y si dos empresas internacionales de prestigio se retiraron, obligando a declarar desierta la licitación, surge la sospecha de que pueda haber manipulación y finalmente los michoacanos no conozcamos el destino de la deuda pública”, señaló el legislador por el distrito de Morelia Suroeste.
Consideró que la reposición del proceso de licitación aumenta esa probabilidad y puede ser que los resultados que arroje la auditoría forense no sean los esperados y al final solo nos quedemos con una cuenta por pagar, como ya ha sucedido con otras auditorías externas que se han mandado hacer.
Las auditorías institucionales y las externas carecen de independencia y sus resultados son cuestionables porque quien las hace tiene alguna relación con el gobernante que las ordena y van a estar sesgadas a su favor.
“Más bien le apostamos que se apruebe la iniciativa de Ley de Auditoría Social presentamos para que los ciudadanos puedan auditar cualquier dependencia o área de gobierno y con esto sí dar más independencia y autonomía y avanzar en la transparencia y manejo de recursos públicos”.
El diputado del Partido Acción Nacional aceptó que los ciudadanos también pueden caer en la corrupción, pero es más difícil, razón por la que dijo que solo con las auditorías sociales que propuso se podrá avanzar en la transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, dijo que prevé resistencia para su aprobación por el pleno de la 73 legislatura porque sería un parte aguas en el estado ya que con ese instrumento no sólo se combatiría la corrupción sino que se estaría previniendo porque los ciudadanos podrían auditar a todos los poderes y a los organismos autónomos.
