Reclama Poder Judicial al Gobierno supuesto jineteo de presupuesto
MORELIA, Mich., 16 de febrero de 2017.- Al reiterar la vieja demanda de autonomía presupuestal y señalar que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado entrega a destiempo los recursos requeridos, el presidente del Supremo Tribunal del Poder Judicial de Michoacán, Marco Antonio Flores Negrete, señaló la necesidad de una reforma constitucional que permita acceder de manera directa al presupuesto asignado anualmente.
“Cada 15 días nos toca estar tocando la puerta de la Secretaría de Finanzas; necesitamos que esto se modifique y que, desde la constitución, accedamos de manera directa al presupuesto que se nos designa, porque se nos entrega con retraso”, comentó a los medios de comunicación, minutos antes de presentar el informe anual de actividades 2016 ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, funcionarios, legisladores, alcaldes y magistrados.
Como muestra de la dinámica de irregularidades y de jineteo de recursos, Flores Negrete señaló que el Poder Judicial no dispuso de los recursos federales del Ramo 23 que les fue etiquetado en 2016, por 35 millones de pesos, y que 5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, asignado para salas de oralidad y juzgados en materia civil, familiar y penal en Zamora, se destinaron sin conocimiento del Poder Judicial a otras instancias de gobierno.
En este contexto, señaló que dejan mucho qué desear los trabajos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y puso como ejemplo que la Escuela Judicial, suspendida desde hace ocho meses por serios problemas estructurales, en tanto que las salas de oralidad en el Centro de Reinserción Social Regional David Franco Rodríguez, no se han concluido por cuestiones de humedad, filtraciones de agua y escurrimientos.
Como parte del informe presentado, Flores Negrete señaló que en 2016 el Poder Judicial dispuso de un presupuesto de mil 236 millones 652 mil 713 pesos, de los que mil 152 millones 30 mil 785 pesos corresponden al fondo de operación.
De estos, 9 millones 710 mil pesos se destinaron a la ampliación de espacios autorizada por la Secretaría de Finanzas y Administración; 12 millones 480 mil se direccionó al Consejo Implementador, y 21 millones 540 mil 460 mil pesos se obtuvieron a través del convenio del Subsidio Federal para la Implementación de la Reforma Penal.
