Proponen aumentar penas por violencia familiar
Rebeca Hernández Marín/Quadratín
MORELIA, Mich., 17 de marzo de 2020.- Perseguir de oficio y no por querella el delito de violencia familiar e imponer sanción económica de 100 a 200 días multa, además de los cinco años de prisión que ya se establecen en el Código Penal, propuso la diputada Lucila Martínez.
El propósito de su propuesta para reformar y adicionar el artículo 178 del Código Penal es el de dar una mayor protección a las víctimas ya que es habitual que no presenten denuncia o si llegan a hacerlo no la ratifican u otorgan el perdón a su agresor.
Esto lo que conlleva es que los afectados se vean expuestos a seguir siendo vulnerados y que su núcleo familiar siga siendo violentado por ese tipo de conductas ya que no están establecidos los procedimientos necesarios para evitar la incidencia de este delito y coadyuvar con la rehabilitación tanto de la víctima como del victimario.
La legisladora señaló que el agresor en algún momento de su infancia o adolescencia fue también una víctima, por lo que al violentar está siguiendo el mismo patrón de conducta que previamente ha padecido, por lo que es imprescindible concluir con este modelo de vida que afecta sobradamente a la sociedad.
Por ello su propuesta incluye que el sujeto activo del delito será remitido a tratamiento especializado hasta por el tiempo que el terapeuta lo considere, así como a la inserción a programas de reeducación para personas generadoras de violencia, a través de instituciones públicas, cuyos servicios deberán ser integrales, especializados, gratuitos, con perspectiva de género y masculinidades.
Dichas instituciones deberán informar periódicamente al juez sobre los avances del tratamiento. En todo momento el Juez podrá ordenar las medidas necesarias para el cumplimiento de su mandato y el Estado proveerá lo necesario para que las víctimas del delito accedan a los mismos tratamientos.
También contiene agravantes, con los que las penas aumentarán hasta en una mitad, para los casos en los que las víctimas sean menores de edad, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y hasta tres meses después del parto y quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho.
