Propone SEA 5 medidas para que acciones contra pandemia sean éticas
MORELIA, Mich., 23 de abril de 2020.- Cinco medidas para que toda acción que se aplique para contener la pandemia del coronavirus se realice de manera íntegra, transparente y ética, buscando siempre el beneficio de la ciudadanía, propuso el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Consideran los integrantes del CPC que las instituciones públicas participantes en la aplicación del Decreto emitido por el gobernador, Silvano Aureoles, establezcan un protocolo de intervención que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de sus elementos, durante las acciones y operativos que se efectúen
Un código de conducta ética debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de las instituciones participantes, así como sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que vigilen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en todos los miembros de las instituciones públicas participantes, y su respeto irrestricto a los derechos humanos.
Sistemas adecuados de denuncia ante las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la ley. Esto implica la generación de una línea directa para denunciar casos de extorsión o “mordidas” por parte de los servidores públicos.
Consideran necesario también establecer mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus acciones, informe ante medios de comunicación sobre detenciones, causas y sanciones.
La justificación de esas propuestas es que la pandemia del Covid 19, ha obligado a las autoridades estatales y federales a implementar acciones con celeridad, pero ninguna acción puede ser completa e integral, si las mismas, no son resultado de un apego irrestricto a lo que marca la legislación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, publicado en el Diario Oficial de la Federación y el decreto publicado en el Periódico Oficial del estado, por el que se declara el aislamiento obligatorio, deben ser cuidadosamente vigilados para que servidores públicos no incurran en excesos durante la aplicación de los mismos, indican en un posicionamiento publicado este jueves.
Para contextualizar y poner en su dimensión, señalan que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) publicado por el INEGI durante 2017 ubicó a la corrupción nuevamente en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a la población mexicana. Sin embargo, el porcentaje de población preocupada por este fenómeno pasó del 50.9 por ciento en 2015 a 56.7 por ciento en 2017.
Esta misma encuesta revela, por otro lado, que el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5 por ciento de los casos. Además, se calcula que la tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12 mil 590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14 mil 635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30 mil 97 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, a 25 mil 541 en 2017.
De igual manera, durante 2018, poco más de una cuarta parte de la población en México pagó o le fue pedido un soborno para un servidor público. Así lo revela una encuesta realizada por Grupo Reforma y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las cifras son apabullantes, y según la encuesta son los elementos de seguridad pública quienes, al tener contacto con la población, son más proclives a realizar actos de corrupción, señala el CPC del SEA.
