Proponen juicio político a alcaldes incumplidos con Ley de Ingresos
MORELIA, Mich., 9 de octubre de 2019.- Los presidentes municipales que no entreguen en tiempo y forma sus proyectos de leyes de ingresos al Congreso del Estado serían sujetos de juicio político, destitución del cargo o inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años, a propuesta de la diputada Yarabi Ávila.
En una iniciativa de ley para reformar el artículo 142 de la Ley Orgánica Municipal para considerar esas sanciones a los ediles incumplidos ya que lo hacen a última hora, algunas solo unos minutos antes del vencimiento del plazo legal.
Así ocurrió el pasado 20 de septiembre cuando a las 12:00 horas faltaba un número importante de ayuntamientos por entregar sus propuestas pese a la trascendencia que tienen dentro de la adecuada planeación respecto a los ingresos y egresos que tendrá el municipio.
En los casos en que los proyectos de Ley Ingresos no se presenten ante el Congreso del Estado para su aprobación la ley prevé que se tomarán como iniciativas las leyes que rigieron durante el año fiscal inmediato anterior y los servidores públicos incumplidos tienen las mismas sanciones.
En su exposición de motivos, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional señaló que las leyes de ingresos guardan una estrecha relación con la transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con Ley General de Contabilidad Gubernamental que obliga a todos los entes públicos a difundir en internet todos los aspectos relevantes vinculados con las leyes de ingresos que les afectan e información detallada de su ejercicio presupuestario.
Las leyes de ingresos permiten al Gobierno Municipal realizar las acciones que la Constitución le mandata, como es la dotación de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; arreglo de calles, parques y jardines y su equipamiento; y seguridad pública, entre otros, sin inconvenientes y con la captación de estos recursos se financia el gasto público, se ejecuten obras sociales y de desarrollo.
Es por eso que se deben aplicar sanciones que deriven en responsabilidades para los servidores públicos que no atiendan y cumplan con la responsabilidad que les ordenan la legislación, indicó la legisladora.