Presenta ciudadano iniciativa de 'ley antichapulines'
MORELIA, Mich, 17 de abril de 2017.- Para evitar la inestabilidad gubernamental y la incertidumbre política, el ciudadano Alberto Moreno Zamudio presentó una iniciativa de ley de reforma a la Constitución con la que se pretender obligar a los representantes y funcionarios populares a concluir los periodos para los que fueron electos.
De prosperar la iniciativa, los funcionarios de elección popular no podrán solicitar licencia para ausentarse de su cargo, cuando sea para participar en el periodo electoral inmediato y en el supuesto de que lo haga bajo otro argumento y se demuestre que fue para fines políticos o electorales quedaría suspendido de sus derechos políticos y no podría obtener ningún empleo que toque al servicio público.
La licencia de ausencia temporal del cargo de elección popular sólo procederá en casos de urgencia médica y no rebase los 90 días; por motivos personales o familiares, siempre y cuando no rebase los 30 días cada dos años.
También podrían separarse del cargo en los casos que sea necesaria su comparecencia ante la autoridad administrativa o judicial en casos de imputación de delito o falta administrativa que no exceda los 15 días y en los casos que sea necesaria su participación en otros países para promver el turismo, comercio, cultura, deporte o participar como primer mandatario estatal.
En su exposición de motivos Moreno Zamudio señala que si bien es cierto que todo ciudadano tiene el legítimo derecho a ascender en la vida política del país, no menos cierto es que si contendió como candidato para llegar a ser representante popular (diputado), o funcionario público (gobernador y alcalde), fue elegido por la voluntad popular para desempeñar un cargo por un tiempo determinado.
Además considera que para ocupar un cargo de elección popular se gastan miles de millones de pesos, se vende una imagen y una propuesta electoral a la ciudadanía y se adquiere un compromiso con los ciudadanos que sufragan.
La propuesta fue presentada ante el pleno de la 73 legislatura y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para determinar primero si no es inconstitucional y en tal caso iniciar la discusión de la iniciativa ciudadana.
