Por difamación, Auditor Superior de Michoacán iniciará una ruta jurídica
LAGUNILLAS, Mich., 25 de enero de 2023.- La referencia de geolocalización del predio propiedad de Patricia Orozco en la ranchería Las Joyitas, no coincide con los datos de la finca cateada la tarde del martes, en la investigación de un presunto secuestro.
De acuerdo con el certificado expedido por el director de Catastro de este municipio, Sergio Arturo Calvillo, a primera hora de este miércoles, en el predio a nombre de la esposa del auditor superior, Miguel Ángel Aguirre, es rústico, mide cuatro hectáreas y media y no tiene construcción alguna, lo cual fue corroborado por Quadratín.
En el predio, debidamente delimitado, no hay una finca con supuestas bóvedas repletas de dólares, una alberca o las cabellerizas que se mencionan en versiones y fotografías de oscuro origen, porque nadie responde por ellas; lo único que sobresale son dos postes que alertan sobre el paso de un gasoducto y sobre el cual y a 20 metros de cada lado no se puede construir.
Al final de la brecha que lleva a la ranchería Ojo de Agua de Pastores, está una finca de nombre Villa Pastores, la cual esta resguardaba por patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Municipal, personal de la Fiscalía General del Estado y personas en vehículos con vidrios polarizados y sin placas que no dejaron de videograbar al grupo de reporteros que acudió al lugar.
Por las fotografías que tomaron varios medios de comunicación la noche del martes, se identificó la puerta de uno de los accesos por donde ingresó personal de la Fiscalía General de la República y del Ejército Mexicano, por una supuesta denuncia al Ci5 de que ahí había vehículos que participaron en hechos delictivos ya la dependencia federal no ha dado su versión sobre los hechos.
Aunque a pocas horas del operativo el propietario del inmueble, el empresario y político Valentín Rodríguez, dio la cara, y aclaró que el rancho le pertenece, la mañana de este miércoles se filtró el certificado catastral de una propiedad de la esposa del auditor superior, que se quiere hacer pasar por la de la finca cateada, porque solo hay una calle de por medio entre un predio y otro.
Ahí, en su terreno, el auditor contó que son amigos del ganadero Gustavo Farías y en varias ocasiones acudieron a novilladas que él organizaba y, a insistencia de su esposa, accedió a vender las 4.5 hectáreas en 2018, en 50 mil pesos.
Ante esta situación consideró que se trata de una persecución política, porque la propiedad incluso está registrada en su declaración patrimonial y exigió respeto para su familia ya que en todo caso, si se trata de un asunto en contra suya o si está quebrantando alguna ley, pidió que se lo hagan saber o presenten la denuncia correspondiente, en lugar de estar inventando cosas de las que no tienen pruebas.
Dijo que él no acusa a nadie porque no le consta de dónde ha surgido la información para difamar en su contra y de su esposa, pero seguramente sí lo saben los medios que han dado por ciertas las filtraciones que les hacen sin tomarse la mínima molestia de corroborarlas.
Reiteró que iniciará una ruta jurídica de defensa porque en los medios de comunicación se están dando a conocer datos personales, como su domicilio, lo cual pone en riesgo a su familia y a él, por lo que si algo les llega a pasar ya se sabe quienes son los culpables.
