Piden agravar penas a delitos cometidos en contra de periodistas
Aunque la mayoría de los integrantes de la 73 legislatura han declarado su solidaridad con el gremio periodístico ante la ola de agresiones que van desde las amenazas hasta los asesinatos, ninguno de los otros legisladores suscribió la iniciativa, a diferencias de cuando se hacen propuestas para la protección de los animales.
En entrevista, el diputado perredista, reconoció que incluso la propia autoridad discrimina a los periodistas, como la Procuraduría General de la República (PGR) que ofrece recompensa, con dinero público, por informes sobre los asesinos de algunos periodistas y no de todos.
“Yo creo que tanto las autoridades han dejado cabos sueltos, es lamentable lo que sucede y que va en aumento, lo que hacemos es lo que nos compete como Congreso y desde aquí levantaremos las voces para que las autoridades esclarezcan todos los homicidios que ha ocurrido a lo largo y ancho del país”.
En la sesión pública de este miércoles, el legislador del Partido de la Revolución Democrática presentó la iniciativa en la que se considera como homicidio doloso cuando la víctima haya publicado o difundido de manera habitual o esporádica información como fotografías, edición y redacción de documentos, ideas u opiniones, noticias, video grabación, o cualquier imagen o haya difundido información para conocimiento del público en general a través de cualquier medio de comunicación;
Cuando haya indicios que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho de la actividad de periodista y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que haya sido el tiempo previo a la privación de la vida.
También se consideran agravantes las lesiones por lo que la pena será la correspondiente al delito de lesiones calificadas y cuando se le amenace con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona con quien esté ligado por algún vínculo, con la finalidad de impedir, interferir y limitar la actividad y libertad de expresión de periodistas, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a mil días multa y caución de no ofender.
Cuando el sujeto activo sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e inhabilitación de uno a cinco años.
