Perdió Michoacán 365 demandas por despido injustificado a ex policías
MORELIA, Mich., 19 de enero de 2017.- El gobierno de Michoacán ha perdido más de 365 resoluciones por demandas administrativas derivadas de despidos injustificados de ex trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por lo que deberá cumplir con la condena correspondiente a salarios caídos, indemnizaciones y otros conceptos.
Lo anterior lo informó en entrevista el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo de Michoacán, Sergio Mecino Morales, quien señaló que cumplir con estos compromisos representa un severo impacto para las finanzas estatales, toda vez que hay resoluciones por las que el gobierno es condenado a pagar entre 500 mil pesos y hasta 1 millón de pesos.
Además, Mecino Morales señaló que la administración entrante heredó 900 procesos de demanda administrativos y laborales como consecuencia de despidos que hizo presumiblemente de manera irregular; ante ello, adelantó que ya se buscan medidas para hacer efectiva una acción en vía de regreso, a fin de que los entonces ex servidores públicos que incurrieron en despidos de manera irregular respondan con su patrimonio.
“Se les hace fácil incurrir en despidos al margen de las disposiciones de la norma, y pasado el tiempo esto impacta en las finanzas del estado, ya que esto ocasiona un quebranto financiero muy importante; y es que, la mayoría de los juicios son mayores a los 500 mil pesos, algunos a más de un millón de pesos; pero pese a que ha habido dificultades, el gobernador, Silvano Aureoles, nos ha instruido a atender las resoluciones de los tribunales”, dijo.
Mecino Morales precisó que en el caso de SSP y PGJE, los ex trabajadores, por ley, no tienen derecho a la reinstalación, de manera que, ante la resolución, corresponde una indemnización, y en el caso de los juicios laborales de algunas dependencias y organismos desconcentrados, dijo que se han reinstalado a cerca de 35 trabajadores que han ganado juicios.
En 2014 fue cuando la SSP y PGJE inició con una serie de despidos de elementos policiales, ministerios públicos y peritos, con el argumento de que los trabajadores no habían aprobado las pruebas de control y confianza en apego a la Ley Estatal de Seguridad Pública, sin embargo, los ex trabajadores siempre denunciaron irregularidades en el proceso de exámenes, y cuestionaban la intención de relevarlos con personal del Estado de México.
