Peligroso, aplicar la ley después de arreglos bajo la mesa: diputada
MORELIA, Mich., 25 de enero de 2018.- La aplicación de la ley, luego de años de arreglos debajo de la mesa o en lo oscurito, puede ser peligroso por la aparición de personajes como Alejandro Echeverría, El Mosh, quien en los últimos 20 años se ha dedicado a generar conflicto, afirmó la diputada Rosa María de la Torre.
En entrevista colectiva, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional señaló que el Gobierno del estado tiene que ser muy inteligente al reaccionar para no generar mayores daños, e incluso cosas que lamentar, si es que se quiere poner orden.
Señaló que los ataques a las vías de comunicación, como son las del ferrocarril, son delitos graves y se justifica el uso de la fuerza pública, lo que no se entiende es que se use la fuerza hasta ahora, cuando por mucho tiempo se consintieron ese tipo de acciones por parte de los integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Aunque dijo no conocer en su totalidad los videos del desalojo de los profesores de las vías del tren, consideró que se ve un exceso de violencia que puede percibirse como no correcta, ya que se tiene que conminar a los manifestantes a que se retiren, se tiene que hacer un par de llamadas y esperar hasta que haya un primer conato de violencia para ejercer la fuerza pública, de acuerdo con los protocolos.
Lo que percibe es que no hay ganas de dialogar y de resolver los conflictos como se había venido haciendo, pero la violencia nunca se puede justificar, a menos que sea en legítima defensa, aunque reconoció que el hecho de bloquear una vía de comunicación federal es un acto de violencia en sí y hay que atenerse a las consecuencias que establece el estado de derecho.
Señaló no negar que haya causas justas como la exigencia de su salario, pero hay muchos otros grupos, entre los que están los trabajadores de Salud, a los que no les han pagado sus quincenas desde el pasado noviembre, pero no han bloqueado ni violentado las vías federales de comunicación, aunque sí ejercen su legítimo derecho a la libre manifestación de las ideas, cuyo límite es mantener el Estado de Derecho.
