No hay ni debe haber ningún territorio vedado para fuerzas armadas
MORELIA, Mich., 5 de marzo de 2017.- Ante la denuncia del Consejo de Seguridad municipal de Los Reyes Michoacán, de un supuesto abuso policial de la Policía Michoacán y elementos del Ejército Mexicano el pasado 23 de febrero en esa región, especialistas en derechos humanos advierten que están atentos a las acciones en materia de seguridad pública, y que si bien no existe un veto a la actuación militar en ningún sitio, ésta se debe restringir a los mandatos constitucionales.
El Consejo de Seguridad municipal de Los Reyes publicó este lunes un desplegado donde denuncia el supuesto abuso policial y militar que han sufrido ciudadanos de la región en operativos de los que han excluido por completo a la Dirección de Seguridad Pública de esa demarcación y al propio Cabildo, hecho en el que advierten un allanamiento a la soberanía municipal consagrada en el artículo 115 constitucional.
En el relato denuncian la implementación de operativos supuestamente arbitrarios con la finalidad de desarticular grupos del crimen organizado que operan en la región, sin que para ello se apeguen a protocolos establecidos para garantizar el respeto a los derechos humanos, ya que además de allanar atribuciones municipales, policías y militares supuestamente han incurrido en robos y, según aluden, también en ejecuciones extrajudiciales.
Ante esta situación exigen apego irrestricto al marco legal y constitucional en la actuación de los cuerpos de seguridad pública estatal y federal, y exigen la salida de Los Reyes y Peribán de estas corporaciones; demandan respeto a los derechos humanos y garantías fundamentales de autoridades y civiles, y piden la intervención de organismos de derechos humanos ante posibles ejecuciones extrajudiciales.
Intervención militar, sin vetos, pero debe apegarse a protocolos: CEDH
En entrevista con Quadratín, Marco Antonio Tinoco Álvarez, consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comentó que la intervención de las fuerzas armadas federales y particularmente del Ejército Mexicano debe de darse solamente en situaciones en que está en riesgo la seguridad nacional por alguna amenaza del exterior, debido a que la seguridad pública está a cargo de corporativos locales.
Sin embargo, el también doctor en derecho y doctor en ciencias señaló que tampoco es admisible pretender un veto para las fuerzas armadas, debido a que la legislación vigente permite al Ejército Mexicano tomar tareas de seguridad pública pero solamente en caso de perturbación grave de la paz pública, y esto debe ser en apego a la legalidad y a los derechos humanos.
En este contexto, hizo énfasis en la necesidad de revisar carencias que tienen los corporativos de seguridad pública estatales y municipales, harto limitados para enfrentar situaciones complejas como es el caso del crimen organizado, por lo que subrayó que el equipamiento, la capacitación, actualización y sensibilización permanente, aunado a la dignificación de salarios, son indispensables para lograr un servicio eficiente y eficaz.
