Michoacán, entre los estados con más centros contra las adicciones

MORELIA, Mich., 30 de agosto de 2024.- Un estudio realizado por el profesor investigador Trevor Stack, de la Universidad de Aberdeen, de Escocia, reveló que en Veracruz, Jalisco y Michoacán abundan centros de atención contra las adicciones cuyas formas de tratamiento pueden no siempre ser las adecuadas, incluso llegar a incurrir en violaciones a derechos humanos.

En entrevista con Quadratín, explicó el catedrático que se levantó información con las autoridades con fines de investigar a dónde se envían a los adolescentes en conflicto con la ley, del que resultó que a veces los funcionarios envían a los menores con adicciones a centros sin certificación.

"Hemos detectado que hay muchos, sin embargo, son poquísimos, que podrían ser adecuados. La Secretaría de Salud cuenta con el programa de certificación, pero no todos logran la certificación. No hay un registro confiable de cuáles son los diferentes programas y que tipo de atención dan o riesgos que pudiera haber", declaró en su estancia en Morelia.

Al no haber un registro confiable, y que además está la información en posesión del Poder Ejecutivo, los jugadores, cuando llegan a esa instancia, la autoridad jurisdiccional no puede decidir de forma informada a dónde enviarlos.

Los las confiables suelen ser los Centros de Integración Juvenil, los certificados o los que instaló en fechas recientes el Gobierno de Michoacán en las diversas regiones, pero hay un nutrido grupo que, aunque pueden ser adecuados no tienen la certificación, o los que operan personas que vivieron las adicciones y los operan como misiones.

"Hay centros que van desde unos muy profesionales hasta otros que operan personas que fueron adictos, como una misión, con metodologías como alcohólicos anónimos, pero otros donde hay violaciones a derechos humanos", declaró, con base a las evidencias recabadas en las tres entidades.

Sostuvo que en la investigación encontraron algunos hallazgos que pueden ser controversiales.

"Hemos visto que los funcionarios no saben a dónde enviarlos, ni conocen los riesgos, incluso a centros a los que el mismo involucrado sugiere. Hay ocasiones en que fueron vinculados a centros que no son adecuados o que se viven contextos de violaciones a derechos humanos", refirió Trevor Stack.

Este estudio advierte que pese a la publicación de la reforma a la Ley General de Salud, que prohíbe estos tipos de centros, siguen operando.