Ley otorgaría potestad a sociedad civil para hacer auditorías sociales
MORELIA, Mich., 23 de mayo de 2017.- Una Ley de Auditoría Social cuyo objeto será el de establecer las bases para la implementación,ejecución, control, seguimiento y evaluación de los presupuestos; planes, programas y proyectos, contratación y ejecución de obras y acciones, servicios y toma de decisiones que corresponden al Estado o a particulares que reciban recursos públicos, propone el diputado Miguel Ángel Villegas Soto.
La propuesta consiste en que la sociedad civil organizada sea quien lleve a cabo las auditorías sociales, a través de la constitución de Comités Coordinadores, los cuales, independientes y autónomos, tendrán la participación de los entes públicos sujetos a la auditoría social, a través de dos miembros de su Comité de Transparencia, para efectossolamente de facilitar la entrega de información y el acceso a la misma.
Se establecen los aspectos de la función pública que son sujetos de la Auditoría Social y sus excepciones, así como las reglas generales, bajo las cuales se realizarán las auditorías sociales, remitiendo los aspectos específicos como la metodología, procedimientos, instrumentos, herramientas, modalidades y temporalidad, a la determinación del propio Comité Coordinador.
Asimismo, se precisan los alcances de la Auditoría Social, que si bien, atendiendo al marco constitucional y legal en cuestión de competencias, no tendrían carácter vinculatorio en sentido estricto. Se les otorga la fuerza necesaria para asegurar su eficiencia.
La iniciativa de ley consta de 26 artículos, distribuidos en cinco capítulos referentes a: Disposiciones Generales, Órganos Encargados de la Auditoría Social, Desarrollo de la Auditoría Social, Alcances de la Auditoría Social y, Sanciones, respectivamente.
En su exposición de motivos, el legislador del Partido Acción Nacional señala que la Auditoria Social es un mecanismo propio de los ciudadanos para la protección y defensa del gasto público y social, de participación e injerencia en el diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas y de detección de prácticas contrarias al derecho y al interés colectivo, por parte de los que tienen a su cargo la gestión pública, es decir, constituye un elemento indispensable para alcanzar un estado de derecho, y de bienestar social.
