Son las propias leyes las que impiden abolir la corrupción: ASM

MORELIA, Mich., 7 de junio de 2017.- Las propias leyes son las que impiden contener y abolir la corrupción y la impunidad porque tienen vericuetos de salida para quienes hacen mal uso de los recursos públicos, afirmó el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), José Luis Salgado.

“La Ley de Responsabilidades es muy laxa y no es posible que organismos autónomos que tienen que ver con la anticorrupción y la impunidad se dediquen en este momento, al igual que todos los tribunales, a defender los derechos ciudadanos de los ex funcionarios y te empieza a hacer una tumbadera de expedientes”.

Es por eso que defendió a la institución a su cargo así como la propuesta que presentó para la reingeniería que requiere aunque la presidenta de la comisión Inspectora de la ASM, Yarabi Ávila González afirma que el diagnóstico presentado dejó mucho que desear aunque servirá de eje para el proyecto final de reestructura de la institución.

“Puede no gustar porque tiene un costo profesionalizar al personal auditor; si revisamos en la legislatura anterior ya se había instituido el servicio profesional de carrera, pero todo tiene un
costo, no es tenerlo por tenerlo en la legislación, hay que echarlo a andar e irlo modificando a las circunstancias actuales, pero la actual legislatura prefirió derogarlo.

“Puede no gustar porque inclusive se incorporaron algunas áreas como la investigación y sustanciación que ya viene en el andamiaje del Sistema Nacional Anticorrupción y que en el estado tendrá que ser igual, proponemos dos áreas nuevas de auditoría forense tanto en área estatal como municipal y por supuesto las auditorias de desempeño que es un tema que está en boga en las 32 unidades de fiscalización del país y de la Auditoría Superior de la Federación”.

En entrevista, señaló que la propuesta presentada no es onerosa para todo lo que va a implicar el andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción e inclusive pudiera tener mayor connotación en las
áreas que tienen que reestructurar en el Tribunal de Justicia Administrativa que es la instancia que va a resolver las faltas graves.

Está también la fiscalía anticorrupción que deberá tener esa especialización porque no es lo mismo irse a lo superficial y resolver si se respetó o no el debido proceso para tirar expedientes a irse al
fondo del asunto que es lo que se ha perdido en el sistema de justicia de este país, indicó.

López Salgado sostuvo que en la elaboración de la propuesta presentada al Congreso del Estado participaron los cuatro auditores especiales y el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos, que son quienes conocen a plenitud  los procesos a plenitud.