Insuficiente, inhabilitación de JC Campos; exigen regreso de 150 mdp
19 de julio de 2017
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16:00
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Archivo
Dalia Villegas Moreno/Quadratín
MORELIA, Mich., 19 de julio de 2017.- El presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, señaló que la inhabilitación por dos años al ex presidente municipal de ese municipio, Juan Carlos Campos Ponce, es insuficiente; al señalar que hay 37 procesos en trámite, urgió a los órganos de fiscalización emitan dictámenes a la brevedad ya que lo que se buscas es la reparación del daño al erario, estimado en por lo menos 150 millones de pesos.
Acusado de desvío de recursos y nepotismo, el ex alcalde priísta Juan Carlos Campos Ponce, quien estuvo al frente del gobierno entre 2012 y 2015, fue inhabilitado 38 votos del Congreso de Michoacán, que se instituyó en gran jurado en una sesión a puerta cerrada que se prolongó durante seis horas, a cuyo término el enjuiciado edil se dijo inocente, acusó fabricación de pruebas y “persecución política”.
“A través de mi conducto el municipio manifiesta que no está conforme con la sanción que determinó el Congreso de Michoacán, porque lo que nosotros buscamos es la reparación del daño; lo que le hace falta al gobierno es el dinero que se desvió; hemos presentado denuncias por alrededor de 150 millones de pesos contra la anterior administración”, comentó Herrera Tello, edil en funciones para el periodo 2015-2018.
En entrevista con Quadratín, comentó que se han presentado denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de Michoacán, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría de Contraloría, por lo que se mantienen abiertos 37 procedimientos contra Campos Ponce.
Precisó que desde el proceso Entrega-Recepción, se identificaron desvíos y falta de comprobación de por lo menos 150 millones de pesos, además del nepotismo y los desvíos que condujeron a la inhabilitación del ex presidente municipal, sanción que, insistió, no es suficiente, por lo que el pueblo de Zitácuaro exige el reintegro de estos recursos a las arcas municipales.
El perredista al mando en el gobierno de Zitácuaro dejó claro que no se trata de una persecución política, sino de un principio elemental de justicia en la administración de los recursos públicos; subrayó que con este desfalco no se hace daño a un partido en lo particular, sino a toda una comunidad que ha resultado agraviada por la falta de recursos que nunca llegaron a traducirse en obras y acciones en beneficio de miles de familias.
En este contexto, Herrera Tello trajo a cuento la entrada en vigor, este 19 de julio, del Sistema Estatal Anticorrupción, derivado de una exigencia social ante el arraigo de dinámicas de corrupción e impunidad.
Entre los beneficios, destacó que constituye una maquinaria normativa que dotará de “dientes” a las contralorías estatal y municipales para ejercer sanciones, además de que la ciudadanización de los órganos fiscalizadores y la obligatoriedad de las declaraciones 3 de 3, son algunos de los pasos más significativos.
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