Evaden gobiernos estatal y municipales impuesto sobre nómina

MORELIA, Mich., 14 de marzo de 2017.- El 98 por ciento de los municipios y el 70 por ciento de las dependencias estatales no han pagado el impuesto del 2 por ciento sobre la nómina desde hace cuatro o cinco años, afirmó el auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado.

El dato salió a relucir en una reunión con los diputados integrantes de las comisiones unidas Inspectora de la Auditoría Superior y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública ante la duda del destino de esos recursos que en su totalidad se asignan al pago de la deuda bursatilizada, la cual no se pudo cumplir.

El funcionario parlamentario explicó que la administración estatal no puede dejar de registrar un ingreso que, de manera automática, debe irse al fideicomiso creado para garantizar el pago a los tenedores de los bonos bursátiles, y si no se envió, fue porque no se tuvo.

“Hay responsabilidad, una por incumplimiento y el otra por no hacer efectiva una obligación. Los impuestos no están a discusión ni a excepción de una autoridad, ni el Presidente de la República tiene facultad para exentar un impuesto establecido en ley”.

López Salgado señaló que al no haber la recaudación suficiente se hizo uso de una garantía contratada, precisamente previendo una situación como esa, y es por eso que la deuda contratada en Unidades de Inversión (Udis) aumenta en lugar de disminuir.

Indicó que la contratación de garantías de pago sobre los financiamientos contratados han sido blindajes para el caso de incrementos de tasas de interés a lo contratado inicialmente, hasta un tope del 12 por ciento de interés o la tasa de interés de equilibrio interbancaria, más dos puntos, como se ha contratado y, al momento de rebasarlo, entra el blindaje.

Desde su punto de vista, ese blindaje es muy caro para el estado y, como ejemplo, mencionó que la reestructura y refinanciamiento autorizados en 2012 se pagaron 40 millones de pesos solo por la disposición inmediata de los recursos por comisión y mantenimiento del crédito.

“Creo es ocioso como, en mi opinión, lo es la contratación de una empresa de asesoría como la autorizada en aprobación de ésta última reestructura, la cual cobrará alrededor de 121 millones de pesos”.

Lo peor, señaló, es que los financiamientos que este Congreso autoriza no vaya a los objetivos plasmados, como sucedió en esa reestructura y refinanciamiento del famoso decreto 22, donde el propio Congreso estableció que los recursos fueran para pagar los pasivos de ejercicios anteriores y lo que encontró la ASM que estaban invertidos 450 millones de pesos de uno de los créditos en inversión.

“La instrucción era pagar pasivos y reactivar la economía y ahí es donde se hizo una de las observaciones más precisas, porque es inconcebible que se autorice la contratación de un crédito para un objetivo y se destine a otro, jamás va a ser compensatorio el interés por la disposición del crédito con el que pudiera generar otra institución con una inversión, si a eso se le suman las comisiones por disposición que fueron también excesivas va a ser muy difícil superar la crisis”.