Enfrenta México rezago de 200 años en respeto a comunidades indígenas

MORELIA,  Mich., 24 de enero de 2025.- México enfrenta un rezago de más de 200 años en el reconocimiento y respeto de los derechos de las comunidades indígenas, afirmó la especialista en derecho electoral y justicia indígena, Parastoo Anita Mesri Hashmeni-Dilmaghani.

Este viernes, al impartir la conferencia Las autonomías de los pueblos indígenas, frente a la hegemonía del Estado, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la especialista discurrió en torno a los retos de México frente a los pueblos indígenas.

La experta subrayó que el problema no radica en la falta de marcos jurídicos, sino en la "brecha de implementación" de los instrumentos legales internacionales que garantizan los derechos de las llamadas naciones originarias. 

Indicó que tratados como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establecen con claridad el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y la autonomía, sin embargo, su aplicación efectiva es aún una deuda histórica del Estado mexicano.

En su exposición, organizada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (Teemich), Hashmeni-Dilmaghani destacó que el Convenio 169 de la OIT, adoptado por México en 1991, obliga a los Estados a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus propias prioridades en materia de desarrollo y gobernanza, respetando sus estructuras organizativas tradicionales. 

Asimismo, la Declaración de la ONU de 2007 refuerza estos principios, y otorga a los pueblos el derecho a mantener sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas y culturales sin interferencia del Estado.

Sin embargo, la especialista advirtió que el Estado mexicano ha incumplido con estos compromisos internacionales, al imponer estructuras ajenas a la cosmovisión indígena e invisibilizando las instituciones comunitarias que han operado durante siglos. 

"La falta de voluntad política para aplicar estos marcos normativos ha perpetuado un modelo de asimilación forzada que vulnera los principios de respeto a la diferencia cultural”, señaló.

El riesgo de reducir la libre determinación al concepto de autogobierno

Un punto crítico de la ponencia fue el señalamiento de la especialista sobre los riesgos de denominar "autogobierno" al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía. 

Explicó que el concepto de autogobierno tiende a ser utilizado de manera reduccionista, limitándolo únicamente al ejercicio directo de recursos públicos, cuando en realidad la autonomía de los pueblos implica un espectro mucho más amplio de derechos, como el respeto a sus instituciones jurídicas, sus normas propias de justicia, su derecho a la tierra y su identidad cultural.

“El derecho a la libre determinación no se puede encasillar en la administración de recursos económicos; implica el reconocimiento de un sistema normativo distinto que ha coexistido durante siglos y que, en muchos casos, ha demostrado ser más efectivo en la resolución de conflictos internos que las estructuras estatales impuestas”, expuso.

Añadió que la falta de comprensión del verdadero alcance de la autonomía ha llevado a que legislaciones locales, como la de Michoacán, impongan fechas y lineamientos administrativos que resultan incompatibles con los tiempos y formas de organización comunitaria. 

En este sentido, criticó la homologación de los procesos comunitarios con los calendarios electorales de los partidos políticos, ya que esto contradice el principio de no "asimilación forzada" establecido en los tratados internacionales.

El camino hacia el respeto efectivo de la autonomía indígena

Para la especialista, el desafío actual no es la creación de nuevas leyes, sino la implementación efectiva de los marcos jurídicos ya existentes. 

Destacó la necesidad de que las autoridades mexicanas asuman un enfoque basado en el principio de "maximización de autonomía y mínima intervención del Estado", como lo ha desarrollado la Corte Constitucional de Colombia en múltiples precedentes. 

Bajo este principio, cualquier intervención estatal debe ser limitada a lo estrictamente necesario y siempre en favor de fortalecer la autodeterminación de los pueblos.

Finalmente, Hashmeni-Dilmaghani instó a los tribunales locales a aplicar un enfoque de respeto a la diferencia cultural y a impulsar prácticas como las visitas in situ a las comunidades para conocer de primera mano sus necesidades y formas de organización, en lugar de imponer criterios externos desde las capitales estatales.

“El verdadero respeto a la autonomía no se encuentra en los discursos ni en las reformas legislativas superficiales, sino en el diálogo de respeto de nación a nación, en donde se reconozca a las comunidades como sujetos plenos de derechos y no como administradores subordinados de recursos públicos”, concluyó.