En medio del debate aprueban obligatoriedad del Gobierno Digital
MORELIA, Mich., 8 de marzo de 2025.- En un clima de inconformidad y debate, cerca de las 4 de la madrugada de este sábado el Congreso de Michoacán aprobó la obligatoriedad del Gobierno Digital en todas las instituciones estatales y municipales.
La medida impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla busca digitalizar los trámites gubernamentales y eliminar progresivamente el pago en efectivo, promoviendo el uso de plataformas electrónicas para transacciones oficiales.
La reforma obliga a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, universidades públicas, partidos políticos y cualquier entidad que maneje recursos públicos a adoptar la digitalización como vía principal de gestión.
Según el dictamen aprobado, el objetivo es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y optimizar el uso de recursos públicos.
No obstante, la propuesta generó una fuerte resistencia entre legisladores de oposición, quienes alertaron sobre sus implicaciones sociales y laborales.
Diputados denuncian imposición y riesgos de exclusión
Durante la discusión, la diputada del PAN Vanessa Caratachea presentó una reserva al artículo 129, al señalar su preocupación por el escaso tiempo que se otorga a los sujetos obligados para la transición del pago en efectivo al sistema de cobro electrónico.
"No podemos ignorar que una gran parte de la población en Michoacán no tiene acceso a cuentas bancarias ni a internet de calidad, lo que podría excluir a muchos ciudadanos de trámites y servicios esenciales", advirtió desde la tribuna.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez calificó la iniciativa como inconstitucional y acusó al Ejecutivo estatal de imponer la bancarización obligatoria con intereses económicos de por medio.
"Nos quieren imponer un modelo de pago digital sin garantizar que toda la población tenga acceso. Esto huele a negocio y no a justicia social", reprochó.
Barragán se reservó el artículo quinto transitorio para exigir que la reforma garantizara la "inamovilidad" laboral de los trabajadores de base, asegurando que el Gobierno Digital no se convierta en una vía para la precarización del empleo público.
"Votemos a favor de la reserva para corregirle la plana al Ejecutivo, que al parecer tiene una aversión hacia los trabajadores. Defendamos los derechos de la gente, no a la imposición y sí a la justicia social", insistió.
En primera fila, como invitado, estaba atento el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado (Staspe), Antonio Ferreyra, y afuera del recinto miles de trabajadores de camiseta verde le manifestaban su apoyo y exigían garantías de inamovilidad.
Morena acepta modificar el dictamen tras críticas
Ante la presión política, la bancada de Morena terminó aceptando la modificación del artículo transitorio y respaldó la redacción de la reserva para garantizar los derechos laborales de los trabajadores estatales.
Con ello, se estableció que la digitalización de los trámites gubernamentales deberá garantizar la estabilidad laboral y la capacitación de los empleados para la transición al nuevo modelo.
A pesar de la resistencia de la oposición, el dictamen fue aprobado y establece un periodo de 180 días hábiles para que las autoridades adapten sus procesos a la nueva norma.
Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se garantizará el acceso universal a la digitalización en un estado con amplias brechas tecnológicas y económicas.
Críticas al trasfondo del Gobierno Digital
El gobernador Ramírez Bedolla justificó la iniciativa bajo el argumento de modernizar la administración pública y combatir la corrupción, afirmando que el Gobierno Digital permitirá una mayor transparencia y eficiencia en los servicios.
Sin embargo, los detractores advierten que la digitalización obligatoria sin considerar la infraestructura tecnológica y el acceso de la población puede generar nuevos problemas de exclusión y desigualdad.
Además, la referencia a la eliminación del pago en efectivo ha encendido alertas sobre una posible intención de beneficiar a bancos y plataformas financieras privadas con el cobro de comisiones por transacciones electrónicas.
Legisladores opositores advierten que esta reforma podría representar un negocio millonario para empresas vinculadas al sector financiero en detrimento de la ciudadanía.
El Congreso del Estado aprobó la reforma en medio de un debate intenso y con fuertes críticas a la falta de consenso social previo a su dictaminación.
