Que Ejecutivo plantee indulto a sentenciados por delitos del orden común
MORELIA, Mich., 17 de diciembre de 2017.- Una reforma a la Constitución para facultar al Ejecutivo a proponer el indulto de los sentenciados por delitos del orden común ya que, a diferencia de otros estados, en Michoacán es una prerrogativa del Legislativo, la cual carece de reglamento, presentará la diputada Rosalía Miranda Arévalo.
La legisladora por el distrito de Tacámbaro propondrá en la sesión del próximo martes también una nueva Ley de Indulto ya que la actual, de apenas cuatro artículos, data de 1989 y no responde ya a la realidad social del estado.
En su exposición de motivos, señala que el Indulto se configura como una gracia jurídica por la cual, aquellos individuos que hayan cometido algún delito y fueron sentenciados a cumplir una pena privativa de la libertad, puedan ser eximidos del cumplimiento de la pena impuesta, siempre y cuando éstos cumplan con una serie de requisitos que garanticen que su actuar, no representa un peligro para la sociedad, o en virtud de que sus acciones abanderaron causas con aportaciones benéficas reales y tangibles para los michoacanos.
“En un primer momento puede resultar alarmante el apenas considerar una liberación masiva de delincuentes en virtud de la presente iniciativa, pero es importante aclarar que esta propuesta tiene como objetivo principal coadyuvar en el cambio de paradigma que se logró al reformar las leyes penales de nuestro país y de nuestro estado”, dijo.
“No se trata de liberar delincuentes potencialmente peligrosos o cuyas faltas a la ley hayan generado consecuencias fatales a terceros, se trata de estudiar los casos y cambiar el formalismo jurídico por una interpretación más ponderada de la ley que no promueva la reincidencia, sino la readaptación social efectiva, así como también establecer parámetros que no den margen a la ilegalidad o la arbitrariedad en la consecución de dichos casos”, agregó.
En otros estados esta prerrogativa es conferida por la norma de manera discrecional a quien recaiga la titularidad del poder Ejecutivo, pero en Michoacán esa atribución es asignada al Congreso del Estado.