Desechan juicio político por ignorar auditoría forense a la licuadora
MORELIA, Mich., 24 de octubre de 2019.- Las comisiones unidas de Gobernación y la de Puntos Constitucionales propondrán al pleno de la 74 legislatura declarar improcedente la denuncia de juicio político en contra del Secretario de Finanzas y Administración, el titular del Comité de Adquisiciones y de los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de la 73 y 74 legislatura.
La denuncia fue presentada el pasado 12 de septiembre por los ciudadanos Saúl Mora Padilla, Lourdes Patricia Galeazzi Tornel y Dalila Campos Pineda, por considerar que hubo irregularidades en el mandato del Congreso del Estado y porque no se emprendieron acciones con base en los resultados de la auditoría forense a la llamada cuenta de gastos por aplicar entre 2003 y 2014.
Los legisladores no encontraron que los denunciados tuvieran razones para acudir ante las autoridades competentes, a hacer del conocimiento sobre la existencia de actos u omisiones contrarias a la ley ya que el decreto correspondiente no exige que habiendo motivos o no habiéndolos, tuvieran que acudir ante las autoridades, sino que señala: “...En caso de que de dichos informes se desprenda la posible comisión de actos contrarios a la normatividad aplicable, se hará del conocimiento a las autoridades competentes...”.
Lo referente al procedimiento de licitación pública nacional a que hacen referencia la parte actora, la solicitud de juicio político no es la instancia para dirimir tal circunstancia, ya que el artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, establece claramente la instancia competente.
En consecuencia, no se actualiza ninguno de los supuestos contemplados en el numeral 30 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, para iniciarles un juicio político y por ello proponen declarar improcedente la denuncia de juicio político.
Los diputados Cristina Portillo Ayala, Marco Polo Aguirre Chávez y Javier Estrada Cárdenas, como Integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán, así como también de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, tendrían un conflicto de interés y por lo tanto no están participando en la discusión ni firmarán el proyecto de dictamen que ya está listo.
