Debemos cuidarnos más de los policías que de cárteles: Coparmex

MORELIA, Mich., 14 de septiembre de 2023.- En Michoacán, ya no solo en Morelia, los ciudadanos "debemos cuidarnos más de los policías que de cárteles", advirtieron empresarios en la entidad.

Congregados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán, para emitir un posicionamiento sobre las agresiones de presuntos agentes de la Guardia Civil y la Policía Ministerial hacia ciudadanos en tránsito o residentes en Morelia, representantes de cámaras y organismos empresariales alertaron que estos no se limitan a la capital del estado.

Javier Barragán, representante empresarial en Sahuayo, advirtió que los incidentes con presuntos agentes de la Guardia Nacional han trascendido Morelia, para alcanzar áreas como Sahuayo, Zamora y Vista Hermosa.

Refirió que cuatro meses atrás dos familiares suyos fueron extorsionados y amenazados, y, aunque interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), "no se han tenido resultados".

Asimismo, indicó que se han hecho denuncias públicas en Sahuayo por casos de extorsión por supuestos policías estatales y ministeriales, lo que llevó a una reunión donde se estableció que los retenes se tendrían que efectuar con los tres órdenes de gobierno, lo que no ha sucedido.

Por su parte, presuntos policías ministeriales se ubican en la región de Xamora y Vista Hermosa, donde piden "no dos mil o tres mil pesos, sino 20 mil a 30 mil pesos".

Agregó Javier Barragán que la FGE ha pedido datos más precisos, pero "desgraciadamente no todas las unidades cuentan con el número de patrulla y no siempre tienen visibles las placas de circulación".

"Pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la FGE que tomen cartas en el asunto con seriedad, porque ahora tenemos que cuidarnos más de los policías que de los cárteles", reiteró Javier Barragán.

De acuerdo con el dirigente del Sindicato de Empresarios Michoacanos, Agustín Rebollar Cruz, que en dos ocasiones ha sido víctima de robos por parte de presuntos integrantes de la Guardia Civil, en los meses de marzo y julio, casos que no fueron denunciados ante la FGE por insuficiencia de datos precisos.

Empresarios se suman a exigencia de cese de abusos policiales

Empresarios radicados en Morelia y Michoacán exigieron el cese de abusos y mala praxis policial que llevan a cabo presuntos integrantes de la Guardia Civil en contra de ciudadanos, para lo cual realizaron la presentación de siete propuestas y solicitudes a las autoridades estatales y municipales.

David Luviano Gómez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán, reconoció que "hoy no gozamos de seguridad pública, se viola la ley y afecta a la sociedad en su conjunto".

Indicó que el pasado miércoles 13 de septiembre el ayuntamiento de Morelia entregó al estado 63 denuncias interpuestas ante la FGE, por las que generan una percepción de inseguridad e indefensión "porque quienes debían proteger a la población son quienes la agreden".

Ante esto, Luviano Gómez mencionó que el sector empresarial ha elaborado siete propuestas y solicitudes, que comprenden la petición al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, para que celebren "un diálogo honesto, público y empático, sobre las estrategias en materia de seguridad, con una convocatoria para una reunión urgente con la sociedad civil como testigo".

Asimismo, la depuración de las corporaciones policíacas, para retirar de la función pública a aquellos agentes que "han traicionado la confianza de los ciudadanos"; llamar a las corporaciones de seguridad pública a replicar las buenas prácticas, y requerir a la Guardia Nacional un análisis detallado de prácticas y procedimientos para determinar sus áreas de oportunidad.

Finalmente, exigir la obligatoriedad en la portación de cámaras de videovigilancia corporales para todos los agentes policíacos, cuyas imágenes serán compartidas a petición de la sociedad; la aplicación de sanciones "ejemplares" a policías que incurren en abusos y mala praxis, e implementación de medidas inmediatas ante los ataques orquestados por presuntos agentes de la Guardia Civil.

David Luviano mencionó que a cuatro meses de la firma del convenio de seguridad pública entre estado y municipio, se ha registrado un cumplimiento limitado.

Por su parte, Alejandro González Cussi, comisionado de Seguridad municipal, indicó que a las 63 denuncias presentadas el pasado miércoles 13 de septiembre ante la administración estatal, se han sumado nueve este jueves 14.

Los reportes fueron emitidos a las secretarías de Gobierno (Segob) y Seguridad Pública (SSP), así como Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).