De cómo robar bienes nacionales/Artículo de Julio Santoyo

De cómo robar bienes nacionales.

Julio Santoyo Guerrero.

Parece que robar bienes nacionales -tierras y bosques-, "legalizarlos" y obtener por su venta inmobiliaria varios millones de pesos,  deforestarlos y  cometer el delito de cambio de uso de suelo para plantar aguacate, es una rutina que puede hacerse en el municipio de Madero, con absoluta impunidad y gracia.

Con rutinas como estas es que se ha edificado la tragedia ambiental de nuestro estado y en particular la del municipio de Madero sin que hasta ahora esta tendencia haya sido contenida del todo.

En tan sólo 10 años -de 2000 a 2010-, Madero perdió el 87.1 % de sus bosques de encino, el 24.8 % de los de pino y el 35.7 % de su bosque de montaña. En ese lapso el 35 % de todo su territorio ha quedado en la aridez.

Las inacciones dieron pie a que esta tendencia continuara durante 8 años después con daños ecológicos incuantificables. El avance de la deforestación para instalar huertas ilegales en Madero ha corrido de la mano de la impunidad no obstante las constantes denuncias de comunidades y ejidos que están siendo acorralados por los daños ambientales de estos aguacateros.

Cuando las instituciones correspondientes, a pesar de sus esfuerzos, dejan pasar un sólo caso de transgresión ambiental están dejando pasar toda la ola de ilegalidad que termina imponiéndose como práctica productiva ecocida. Siguiendo un sólo caso se conoce el modus operandi de los aguacateros y las consecuencias sociales que ocasionan la crisis ambiental de todo Michoacán.

En el mes de agosto de 2015 la comunidad de San Pedro denunció ante la autoridad municipal de Madero el robo de un predio forestal de 40 hectáreas propiedad de la nación que un conocido delincuente de nombre Ramón Santoyo Sansón, había hecho y el cual estaba talando y aprovechando al margen de la ley.

En el 2014 este delincuente había dado a conocer, sin rubor alguno, que dicho bosque ya lo tenía escriturado porque lo había denunciado como  "predio ignorado" utilizando una red de corrupción. En febrero de 2016, el Licenciado Héctor Javier Blake Ursúa, Jefe del Departamento Regional Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad, hizo saber al Presidente Municipal de Madero, que efectivamente el predio en cuestión era propiedad de la nación, y que estaba perfectamente regularizado a través de la escritura número 31 630 de fecha 5 de octubre de 1973, y que estaba inscrita en el Registro Público de la Propiedad Local con fecha 29 de noviembre de 1973 con los números de folio 169959, 86556 y 24193, tomos 942-443-153 y en el Registro Público de la Propiedad Federal con fecha 10 de abril de 1980, con los números de folio 1757, 1782 y 1781/1.

En el mismo oficio la CFE enfatizaba que "de conformidad en lo establecido en el numeral 90, párrafo primero de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, todos sus inmuebles estarán sujetos al Régimen de Dominio Público de la Federación, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, la cual en su artículo 13, prevé que este tipo de bienes son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra para terceros." Tal y como lo mandata el artículo 27 constitucional.

A partir de la impugnación legal que hizo la CFE, en junio de 2017 el Delegado Federal de la Semarnat en Michoacán, informó por oficio a la representación jurídica de la comunidad de San Pedro, que los aprovechamientos forestales que habían sido autorizados a los supuestos dueños (Ramón Santoyo S.) habían sido suspendidos. De estos hechos había conocido en el mes de abril de 2016 el Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, el Dr. Guillermo J. Haro Bélhez, Procurador Federal de Protección al Ambiente, y el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, generando instrucciones de su competencia para hacer prevalecer la ley.

Ante la abrumadora evidencia del robo del predio, el supuesto dueño Ramón Santoyo Sansón, huyó del lugar, a donde había llegado hacía tres años sólo para delinquir. No sin antes haber vendido fraudulentamente este predio en varios millones de pesos a un aguacatero, que no obstante estar advertido de que el predio era propiedad de la nación lo "compró"  para inmediatamente realizarle cambio de uso de suelo.

El 10 de diciembre de 2016 las instituciones ambientales federales y estatales y la Secretaría de Seguridad Pública, realizaron un operativo en dicho predio deteniendo a 12 personas que encontraron en flagrancia de delitos ambientales, (Quadratín: 11,12,16) y el 29 de marzo de este año la Procuraduría de Justicia del Estado informó que "obtuvo de un juez penal la vinculación a proceso contra los implicados y el dueño por cambio de uso de suelo forestal (instalación de sistema de riego, olla de agua y siembra de planta de aguacate) sin autorización de la autoridad federal, en el predio denominado La Planta, ubicado en la localidad de San Pedro Piedras Gordas, municipio de Madero" (Quadratín: 29,3,18).

Que hoy, quien participa de este robo de los bienes nacionales, el "comprador" aguacatero Jesús Barbosa, esté con maquinaria pesada destruyendo la cubierta vegetal y haciendo el cambio de uso de suelo en este predio, propiedad de la nación, como ya lo hizo en otros para plantar aguacate, indica que su intención de violar la ley es recurrente y que le importan un cacahuate las instituciones y las leyes.

Pero, ¿porqué tanto afán por este predio de 40 hectáreas? La respuesta es reveladora, la superficie forestal de este predio se extiende sobre casi dos kilómetros por donde corre el río y el canal de aguas que alimentan a la hidroeléctrica de este lugar. ¡Ahí está el 85 de todas las aguas permanentes del río Porúas que alimentan al río Etucuaro, luego Curucupaseo y luego Carácuaro! Aguas que serían utilizadas para el riego de las plantaciones aguacateras que ilegalmente se están instalando en el lugar.

Estas aguas son determinantes para la vida humana, agrícola, ganadera y de los ecosistemas de la tierra caliente de Madero, Nocupétaro y Carácuaro y que deberían ser consideradas por Conagua, bajo el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales, como reserva total  para evitar que colapse  la vida de estos municipios.

En junio de 2017 el propio gobernador Silvano Aureoles, conociendo del caso, condenó públicamente este despojo:  "...cometen abusos y desarrollan su actividad productiva en la absoluta impunidad. ¡Cero tolerancia a la impunidad y al abuso de poder ...! invaden territorios que no tienen vocación para el aguacate, pero que además ni siquiera son de ellos, son propiedad del gobierno federal, de un predio propiedad de la Comisión Federal de Electricidad que vinieron a destruir en la zona de Villa Madero" (Cb Tv: 5, 7, 17).

No debiera haber más impunidad. Existe un delincuente que cometió fraude al vender una propiedad de la nación. Por ese hecho debe ir a la cárcel, sin embargo se pasea libremente por las calles de la Ciudad de México en donde se esconde de la ley y en donde gasta los millones que le pagó un aguacatero ambicioso. Para bien de los maderenses este valioso predio debe ser recuperado urgentemente por las instituciones del Estado como bien nacional que es y deben castigarse ya los delitos ambientales que en estos días están destruyendo los importantes ecosistemas de este lugar.

Así como este caso es que se concatenan cientos más en Madero. Ahí está el origen de la tragedia ambiental de este municipio: denuncias que no se atienden, cambios de uso de suelo que quedan en la impunidad, aprovechamientos de agua que violan la Ley de Aguas Nacionales como la instalación de 25 ollas ilegales en huertas de Angandio y una treintena de pozos ilegales en la localidad de Nieves. Esto sí es privatizar el agua y los bienes nacionales.

Es decir, falta más presencia de las instituciones y más contundencia para proteger el medio ambiente. La aplicación a rajatabla de las leyes ambientales es urgente para detener la tragedia ambiental, tragedia que en esencia vulnera los derechos humanos de los maderenses.