Contratistas asumen hasta el 50% de las deudas del Gobierno

MORELIA, Mich., 27 de junio de 2021.- Quizás hasta del 50 por ciento de los montos de los adeudos que el Gobierno del Estado tiene con proveedores de bienes y servicios y “chicanadas” como es el desconocimiento del proveedor, tienen que enfrentar quienes se adjudican algún contrato, afirmó Rafael Villaseñor, integrante de la Barra Michoacana Colegio de Abogados.

Como representante en más de 70 juicios de proveedores y contratistas, las historias que recoge muestran que los contratos se obtienen de una forma poco transparente y en la mayoría de los casos les piden la entrega de manera urgente, ya que todo les urge, bajo la promesa de firmar los contratos en días posteriores, sin que esto ocurra, o que nunca les regresan el formato de contrato firmado por estos bajo la manifestación de que debe pasar a firma del Titular de la dependencia y entidad.

Una vez que presentaron los bienes y las facturas, comienza su calvario burocrático empezando a pedirles los contra recibos y su pago, donde las dependencias y entidades se reparten responsabilidades con la Secretaría de Finanzas y Administración que dirige Carlos Maldonado Mendoza, señaló el socio del despacho Villaseñor y Asociados.

Ante el paso del tiempo, los proveedores y contratistas, muchos de ellos michoacanos, en su desesperación aceptan quitas considerables de hasta el 50 por ciento del adeudo por obtener el pago, sin acudir a los Tribunales.

Además, parece increíble, pero esos proveedores y contratistas en los juicios son desconocidos por los abogados de las dependencias, esto es, a pesar de haber recibido los bienes en muchos de los casos en sus contestaciones niegan los servicios, aunque conste en las pruebas la existencia, lo que se conoce en el foro de los abogados cómo “chicanadas”, señaló.

El ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción señalaó que la judicialización del cobro de adeudos del Gobierno ha llevado a que el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa condenen al Gobierno de Estado al pago de sus adeudos con intereses, lo cual acredita el daño al erario, no solo por el posible desvío de recursos sino por la moratoria.

El abogado cuenta que aun con sentencias favorables, los proveedores tienen que iniciar procedimientos alternos, porque ha sido criterio del Gobierno alargar lo más posible la ejecución de las sentencias independientemente de que se les aplique multas económicas que pagan con el dinero público y las litigan con los abogados de las dependencias.

Desde su amplia experiencia, es la Secretaría de Salud y Servicios de Salud que encabeza Diana Carpio, la que con mayor frecuencia ha desestimado los requerimientos del Tribunal para el cumplimiento puntual de las sentencias.

Lo trascendente, indicó, es que las denuncias presentadas por el Tribunal de Justicia Administrativa a los Órganos Internos de Control y la Fiscalía Anticorrupción, por el desacato en el cumplimiento de las sentencias, las tendrá que resolver el Gobierno que encabezará Alfredo Ramírez Bedolla.

 Es la próxima administración estatal la que tendrá que responder, por un lado, el desacato y, por otro, el daño creado por las estrategias legales diseñadas por el Gobierno para alargar los procesos judiciales que incrementan de manera sustancial el monto demandado.

Es así como las contrataciones públicas, que es la acción del gobierno que mueve la economía de forma directa en el estado, por la gran cantidad de recursos estatales y federales con los que se disponen, desde la compra de papelería hasta la construcción de carreteras o presas, se pervierten y se vuelven un “Calvario”, para los proveedores, ante leyes obsoletas como lo es la de adquisiciones que data de 1997 y del 2007 la obra pública, indicó el abogado.