Comisión de Seguridad de Morelia no ha sido notificada por ASM

MORELIA, Mich., 21 de agosto de 2022.- La Comisión de Seguridad Municipal aún no ha recibido una notificación o solicitud de información, referente a las presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en la implementación de operativos de alcoholímetro y el manejo de grúas particulares en intervenciones viales, señaló Alejandro González Cussi, titular de la instancia.

Luego que la ASM afirmara que dispone de una denuncia por la existencia de posibles anomalías en estos rubros, en el caso de Morelia, González Cussi mencionó que la Comisión está en la disposición de aportar los datos requeridos para solventar las presuntas inconsistencias identificadas.

Adelantó que en el cuestionamiento sobre la forma de asignar contratos a las empresas particulares de grúas que participan en intervenciones viales en Morelia, no se llevó a cabo un proceso de licitación pública o la firma de un contrato, debido a que no existe la obligación de recurrir de manera permanente a los servicios de estas, y la autoridad solo se auxilia con sus equipos cuando es preciso.

Esto, ya que el municipio adquirió alrededor de cuatro grúas entre 2015 y 2018, de las cuales se mantienen en operaciones dos, y que son los primeros equipos llamados cuando se deben retirar vehículos mal estacionados o infraccionados por la Policía de Morelia.

Si en menester acudir a los servicios de particulares, se verifica que las compañías llamadas cuenten con tres características fundamentales, aseguró Alejandro González, que son la sujeción a las tarifas indicadas en la ley de ingresos municipal, el traslado de los automotores remolcados a los corralones oficiales y la disposición de placas y seguros.  

Actualmente, son tres las compañías que reúnen estas demandas y que son requeridas por la Policía de Morelia en intervenciones viales, en tanto que se ha buscado “sacar de circulación” a las empresas que incurren en abusos contra los usuarios, o imponer sanciones, como fueron los casos de dos empresas que cobraron por remolcar vehículos mil 300 pesos, por la realización de maniobras, que no se acreditó, recursos que debieron reintegrar a los propietarios de los vehículos.

El comisionado de Seguridad municipal expuso que los presuntos cobros excesivos estarían “mezclados con otros temas, como la recuperación de vehículos robados o el aseguramiento de automotores por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE)”.

Respecto de la supuesta finalidad recaudatoria de la imposición de multas, González Cussi indicó que “es natural que, si la labor de la Policía Municipal se incrementa, en algunos puntos, entre un 500 y 600 por ciento, en comparación con el trienio anterior, se aumenten las relaciones de los agentes con los ciudadanos y las quejas y multas crezcan”.

Tras especificar que las multas impuestas a los ciudadanos, por asuntos de tránsito y vialidad o de orden y justicia cívica, se mantienen en su generalidad en un rango de 60 unidades de medida y actualización (UMA) o hasta cinco mil 773.20 pesos, el funcionario indicó que las penalizaciones económicas son susceptibles de ser conmutadas por trabajo comunitario, a condición de que el ciudadano infraccionado no incurra en reincidencia.

Es la Tesorería Municipal la dependencia que cuenta con el registro del ingreso por pago de multas impuestas por la Policía de Morelia, ya que el solo hecho de calificar el juez una penalización económica y aceptarla el ciudadano no conlleva necesariamente la recaudación de este monto.

Policía de Morelia, sin recomendaciones por quejas derivadas de alcoholímetro

Además de la denuncia ante la ASM, los operativos del alcoholímetro han dejado seis quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), mencionó el comisionado de Seguridad municipal.

Afirmó que, como sucede con las multas, es esperable una tendencia al alza en la interposición de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando se eleva la interacción de los policías locales con los ciudadanos, lo que no implica obligatoriamente que se han vulnerado los derechos humanos de los quejosos.

Consideró que la mayoría de las quejas ante la CEDH son desechadas o archivadas por la instancia estatal, al determinar que carecen de sustentos o elementos probatorios para configurar una violación a los derechos humanos de un ciudadano, una situación que se acompaña por lo que calificó como un creciente grado de aceptación del alcoholímetro, alrededor del 75 por ciento de los morelianos, especialmente con la puesta en marcha de su versión orientada a la prevención.

“Lo importante, más que la cifra de quejas, es el número de recomendaciones, porque estas se emiten cuando la CEDH encuentra que la inconformidad del ciudadano es fundada y la autoridad incurrió en una falta. Hasta ahora, no hemos recibido recomendaciones por quejas generadas desde septiembre de 2021”, expresó.

Llamó a evitar los asuntos de corte político en el actuar de la autoridad de seguridad pública municipal, para no “frivolizar la presentación de denuncias o quejas”, ya que, refirió, las quejas con mayor trascendencia mediática han estado relacionadas con personajes de la escena pública local.

En los próximos días, González Cussi prevé se efectuará una labor de diálogo y acercamiento con la CEDH, para verificar no solo las denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos en operativos de alcoholímetro, sino otras inquietudes, como el uso de cámaras de videovigilancia corporales.