Cinco ex funcionarios del PRI, en proceso de fiscalización ante ASM
MORELIA, Mich., 6 de febrero de 2017.- Cinco ex funcionarios del gobierno del gobierno del PRI en Michoacán en el periodo 2013-2014 se encuentran sujetos a un proceso de fiscalización ante la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), por irregularidades en el manejo de 270 millones 832 mil 402 pesos correspondientes a programas alimentarios y de combate a la pobreza del ejercicio 2013.
Marcela Figueroa, ex secretaria de Finanzas del gobierno del PRI en Michoacán en el periodo 2013-2014; Adalberto Tomás Villagómez Mendoza, ex subsecretario; Ramón Gustavo Ramos Díaz, ex director de Administración de Fondos, ambos de esa misma dependencia; Rodrigo Maldonado López, ex titular de la Secretaría de Política Social (Sepsol) y Mauricio Jaime Gasca, ex delegado Administrativo de esta misma, son los involucrados en el procedimiento.
De acuerdo con un informe de la ASM integrado por ocho observaciones, al cual Quadratín tuvo acceso, la observación clasificada como AEFE/DAE/DFFSC/UPP-20/GF-01/2013 cuestiona un importe de188 millones 706 mil 898 pesos destinados, donde la ASM advierte la falta de pago a proveedores del programa CF “Compromiso con el combate a la pobreza”.
La observación clasificada como AEFE/DAE/DFFSC/UPP-20/GF-02/2013 cuestiona un importe de 438 mil 379 pesos al señalar la falta de comprobación que acredite el destino de Canastas Básicas Alimentarias del programa CF “Compromiso con el combate a la pobreza”.
En la observación AEFE/DAE/DFFSC/UPP-20/GF-05/2013 se solicita un importe de 62 mil 754 pesos como reintegro por baja de un trabajador del programa CF “Compromiso con el combate a la pobreza”.
Con la observación AEFE/DAE/DFFSC/UPP-20/GF-06/2013, la ASM cuestiona la aplicación indebida de 2 millones 624 mil 371 pesos correspondientes al programa GF “Atención de necesidades emergentes”.
Asimismo, la ASM identificó inconsistencias en la documentación proporcionada para la acreditación del destino de 79 millones de pesos correspondientes al programa de apoyos GF “Atención de necesidades emergentes”.
Además de las señaladas, donde específicamente se cuestionan imprecisiones en el manejo de los recursos públicos por una suma global cercana a los 271 millones de pesos, los ex servidores públicos también han tenido que justificar tres irregularidades administrativas entre las que se señala el desacato al marco normativo para adquisiciones y la falta de contrato por adjudicación directa.
En el documento se señala que de las observaciones de tipo administrativo fueron solventadas por los responsables, mientras que el resto, que tiene que ver con el uso de los recursos, continúa en un proceso de justificación mediante entrega de documentos certificados por parte de los ex servidores públicos.
