Aumentaría a 6 años pena de prisión por agredir a personal de salud

MORELIA, Mich., 1 de mayo de 2020.- La Comisión de Justicia dictaminó y aprobó el aumento a la pena de prisión hasta de seis años a quienes agredan a personal de salud durante la emergencia sanitaria, pero no ha iniciado la discusión de la Ley de Amnistía también considerada prioritaria para disminuir riesgos de transmisión del coronavirus en los penales.
El presidente de esa comisión, José Antonio Salas Valencia dijo que ambas iniciativas apenas se las turnaron el 24 de abril y consideraron prioritaria la de agravar las penas a quienes atenten contra la integridad física de médicos, enfermeras, camilleros o cualquier otro profesional o trabajador de la salud que estén en la primera línea de atención a los enfermos por Covid 19.
Esa iniciativa de ley fue presentada por los diputados Eduardo Orihuela del Partido Revolucionarios Institucional y Ernesto Núñez del Partido Verde Ecologista en solidaridad con los trabajadores de la salud ante el aumento de las agresiones que sufren por la creencia de algunas personas de que son una amenaza de transmisión de la enfermedad.
En cambio, la iniciativa de Ley de Amnistía presentada por el grupo parlamentario de Morena, con la que se pretende despresurizar el sistema penitenciario, no fue considerada prioritaria, pero se consultará en los integrantes de la comisión si consideran necesario analizarla y discutirla de inmediato, indicó Salas.
La aprobación de esa iniciativa en la Comisión y luego en el pleno permitiría la libertad de quienes estén recluidos por el delito de aborto, de los indígenas que no haya sido asistidos por un traductor o que haya sido detenidos por su tierra, agua, bosques y selvas.
También quedarían libres quienes, en situación de extrema pobreza o vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por temor fundado o porque hayan sido obligados por la delincuencia organizada, así como quienes estén presos por el delito de robo simple y sin violencia.
Los delitos por sedición y políticos, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que no se haya privado de la vida u ocasionado lesiones graves a otra persona, también serían perdonados.