CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2024.- El reciente fallo judicial en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ha reavivado las demandas de justicia no solo por los delitos de narcotráfico por los que fue condenado, sino también por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante su gestión como titular de la Policía Federal (PF). En particular, el caso de Luis Ángel León Rodríguez (LALR) destaca como un ejemplo claro de la deuda pendiente de investigar y sancionar los crímenes atroces que fueron tolerados o propiciados por su administración.

En un comunicado de prensa de Justicia Transicional Mx dicta que Luis Ángel León, un joven policía federal, desapareció en Michoacán en noviembre de 2009, mientras cumplía una comisión oficial a la que fue enviado junto con otros seis policías federales, sin ninguna medida de protección por parte de la PF. Además de los siete policías, en la comitiva iba también un civil como chofer, quien también había prestado su vehículo, porque la PF no proporcionó ningún medio para el traslado de sus elementos.

La desaparición de Luis Ángel y sus compañeros estuvo antecedida por amenazas de parte de sus superiores jerárquicos en la PF. Al enterarse de que los siete policías habían sido comisionados a Michoacán, el Comandante del 21/o Agrupamiento de la PF, Raymundo Hernández Guzmán, amenazó a Luis Ángel, al decirle que “de mi cuenta corre que no llegues a tu destino y tu madre ni el seguro de vida podrá cobrar”. Luego de la desaparición, al exigirle respuestas sobre la suerte o paradero de los policías desaparecidos, Hernández Guzmán respondió a los pedidos de los familiares diciendo: “no voy a hacer ni madres, yo les advertí que no se fueran”.

El documento continúa y destaca que su madre, Araceli Magdalena Rodríguez Nava (AMRN), ha dedicado más de una década a la búsqueda de su hijo y a exigir justicia, enfrentando constantes amenazas e intimidaciones por parte de altos mandos de la Policía Federal. Días después de la desaparición de Luis Ángel, Araceli acudió a las oficinas de la PF a exigir respuestas; en respuesta a ello, oficiales de la PF la detuvieron y amenazaron con armas de fuego. Debido a esta y otras situaciones de riesgo, AMRN fue incorporada al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2011, cuando Araceli Rodríguez, pidió al entonces presidente de la República que se investigara la desaparición de su hijo. En respuesta, fue contactada por Genaro García Luna, quien la citó a una reunión con el resto de familiares de los policías desaparecidos. Durante la reunión, frente a víctimas y autoridades, García Luna la amenazó directamente, diciéndole: “fíjate que es bien bonito reflexionar sobre la muerte. Deberías de ponerte a analizar, pasar una película de tu vida desde que tenías uso de razón. Reflexiona y piensa 10 minutos, cómo te gustaría morir".

García Luna ha sido condenado en territorio extranjero por cargos de conspiración para traficar cocaína y por dar declaraciones falsas, pero las víctimas de su política de seguridad en México siguen esperando que se haga justicia por sus casos. Muchas familias, como la de Luis Ángel León Rodríguez, siguen buscando la verdad sobre el destino de sus seres queridos y exigiendo justicia por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron bajo el amparo de una “guerra contra las drogas”.

El hecho de que en Estados Unidos se haya acreditado que Genaro García Luna no solo estaba vinculado con los cárteles del narcotráfico, sino que él mismo "era el cártel"² revela que, en lugar de proteger a la ciudadanía y a sus propios funcionarios, el aparato de seguridad del Estado, bajo el mando de personajes como García Luna, protegía, administraba y se beneficiaba directamente de la actividad macrocriminal.

No es menor recordar que la Policía Federal, bajo el liderazgo de García Luna, envió a Luis Ángel León Rodríguez a Michoacán sin protección, lo que derivó en su desaparición. Tras la condena de García Luna en Estados Unidos, este hecho ya no puede verse sólo como un acto de negligencia criminal. La condena por vínculos con el crimen organizado confirma las hipótesis que ya tenía la familia de Luis Ángel, sobre la participación del Estado en la desaparición forzada de Luis Ángel León Rodríguez.

Los esfuerzos de investigación en el caso de LALR han sido por demás deficientes, por lo que hoy prevalece la impunidad absoluta. Desde hace más de una década, la principal hipótesis de la Fiscalía General de la República ha sido que Luis Ángel fue desaparecido por el crimen organizado, pero ¿qué sucede cuando se acredita que el principal encargado de la seguridad en el país, era también parte del crimen organizado? ¿Fue la desaparición de Luis Ángel una represalia por parte de un cártel rival al que García Luna protegía? Este nuevo contexto exige una revisión profunda de las circunstancias que rodearon su desaparición y eleva un poderoso imperativo para incorporar los hallazgos de las investigaciones estadounidenses en la apertura de nuevas líneas de investigación.

Es imperativo que las autoridades mexicanas actúen de inmediato para investigar a fondo las violaciones a los derechos humanos relacionadas con García Luna. No basta con las condenas en otros países. Las víctimas en México tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral por los crímenes que se cometieron en su contra. La lucha de Araceli Magdalena Rodríguez Nava, quien sigue buscando a su hijo con la esperanza de obtener justicia, es un recordatorio constante de que la impunidad no puede prevalecer.

Actualmente, el caso de Luis Ángel León Rodríguez y el de su madre, Araceli Rodríguez Nava, se encuentra siendo deliberado en el seno del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Luego de que el Estado mexicano se ha negado, sin justificación razonable, a entablar un proceso de solución amistosa con las víctimas, hoy esperamos que el Comité adopte una decisión pronta en la que condene al Estado mexicano por su responsabilidad internacional en la desaparición forzada de Luis Ángel.

Genaro García Luna, y todos los responsables del horror y la tragedia nacional que vivimos desde entonces, deben enfrentar la justicia por las violaciones a derechos humanos que perpetraron, toleraron o incentivaron y que hoy siguen impunes.

2,555 días sin Luis Ángel y contando.